La futura Ley de Calidad a la Enseñanza, redactada por el Ministerio de Educación, difícilmente podrá ser aprobada de manera definitiva antes de fin de año. Pero los decretos que tendrán que desarrollarla para que sea aplicable no estarán disponibles para su aplicación en el curso 2003-2004. Al menos así lo pronosticó ayer el conseller balear de Educació, Damià Pons, que adujo como ejemplo el retraso ministerial en el desarrollo de la Ley Orgánica de Universidades, la cual ha sido desarrollada antes por Balears que por el Gobierno central, ni que sea con la intención de «paliar sus efectos negativos».
Damià Pons insistió que «la educación nunca tiene soluciones definitivas», en referencia a las normativas ambiciosas de la ministra Pilar del Castillo, las cuales calificó de falsas. En este sentido, el conseller afirmó que su departamento «ha apostado siempre por medidas concretas, no por leyes milagrosas» durante sus tres primeros años de gobierno. Pons presentó ayer los datos "objetivos" de su primer trienio al frente de Educació, aunque advirtió que «el equipo sale muy bien si el lector del informe tiene una capacidad mínima de objetividad».
Durante este periodo, Pons ha incrementado la inversión en nuevas estructuras, infraestructuras y servicios, el crecimiento numérico y contractual del profesorado, la promoción de la formación profesional y universitaria, o la atención a la diversidad, además de la ampliación de la educación infantil. Y las cifras cantan: en tres años se han inaugurado 8 centros nuevos y están en fase de construcción 9 más; algunos de ellos estaban previstos desde 1992.