Un total de cuatro sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) han dado la razón a los empresarios del sector de gasolineras en Balears en los recursos que han presentado en contra de las actas de infracción abiertas por inspectores del Govern. Pese a que ha quedado demostrada la comisión de diversas irregularidades en los surtidores de distintas estaciones de servicio de Palma, las sentencias, de las que fue ponente el magistrado Antoni Monserrat, inciden en que «cabe la estimación del recurso por atipicidad sobrevenida y por prescripción».
Las empresas Mayca Petróleos, Matas y Campins Suministros S.A., ambas defendidas por el abogado Antoni Diéguez, recurrieron con éxito sendas sanciones impuestas por el Govern tras inspecciones realizadas en cuatro estaciones de servicio entre 1998 y 1999. Un particular denunció el supuesto fraude en esos puntos de venta de gasolina, en el contexto de una campaña a nivel nacional.
Algunas de las irregularidades comprobadas por los inspectores de la Conselleria d'Sanitat i Consum fueron la constatación de que tres mangueras de una de las estaciones suministraban menos combustible del que señalaban sus respectivos contadores. También, en otra estación de servicio, se constató que el aparato surtidor número 214, marca Droher 2T, para la dispensación de mezcla, ofreció un promedio de mediciones superior al legalmente autorizado, y se requirió a la empresa para que dejara fuera de servicio dicho aparato surtidor.