El PP acusó ayer al president del Govern, Francesc Antich, de promover «una cacería» en contra de Jaume Matas por el «caso Bitel». El portavoz de los populares en el Parlament, Joan Flaquer, contestó a Antich que, después de la decisión del Tribunal Supremo, «se cierra definitivamente el asunto para Jaume Matas». «Antich dice que la Audiencia Provincial y los fiscales solicitaron la declaración de Matas por el "caso Bitel", pero se olvida de la postura del juez instructor, que es el que más conoce este asunto; el juez estudió el caso durante dos años y no encontró ningún argumento para imputar a Matas», recordó Flaquer.
Este volvió a insistir en que el president del Govern deberá explicar en el Parlament cuánto dinero se ha gastado para financiar las actuaciones legales en contra del ministro de Medio Ambiente. De hecho, esta misma pregunta fue formulada por Flaquer en febrero de este mismo año sin que el Govern haya contestado al portavoz popular. Además, Flaquer formulará en el pleno del martes una pregunta oral en la que solicitará a Antich si tiene intención de asumir algún tipo de responsabilidad por haber utilizado dinero público para «criminalizar» a Jaume Matas.
El portavoz del PP sostiene que Antich «se sacó de la manga el "caso Bitel" días después de las elecciones generales de 2000 cuando vio que el gran triunfo que consiguió nuestro partido». Para Flaquer, la decisión del Govern de «criminalizar a Matas ha fracasado y que por este motivo es el momento de pedir responsabilidades». Flaquer reiteró que el documento que Matas mostró en el Parlament, y que pertenecía a Quetglas, fue conseguido a Cristófol Huguet, ex director general d'Ordenació del Territori. Huguet entregó el documento a Miquel Ramis, ex conseller de Medi Ambient, quien a su vez facilitó los papeles a Matas.
Asimismo, la diputada del PP Aina Castillo explicó que en el próximo pleno interrogará a la consellera de Salut, Aina Salom, para que explique los motivos por los cuales registró como patrimonio su farmacia. Anteriormente, según Castillo, Salom declaró su negocio como actividad económica. El PP insistió ayer en que la titular de Salut incurre en una incompatibilidad al compaginar la titularidad de una farmacia con su cargo en el Govern.