El Tribunal Supremo ha rechazado de plano la posibilidad de que el ministro Jaume Matas preste declaración en calidad de imputado en el «caso Bitel». La causa fue abierta en el año 2000 por un supuesto delito de espionaje cometido, al parecer, por dirigentes del PP "entre ellos Matas cuando presidía el Govern" en la cuenta de correo electrónico del socialista Francesc Quetglas. El auto señala que «no existen razones fundadas para considerar imputado» a Matas. Por ello, descarta asumir la competencia para investigar el «caso Bitel» y lo remite a la Audiencia de Palma. El Supremo, no obstante, también tiene que pronunciarse sobre el «caso Formentera», en el que también el PSOE pide que se impute a Matas.
En un auto de la Sala de lo Penal, el Supremo acuerda que no es competente para instruir el «caso Bitel» y, por ello, enjuiciar esta investigación, por lo que considera que «no hay lugar a acordar recibir declaración en calidad de imputado» a Jaume Matas. Los magistrados explican que «no cabe pensar, razonablemente que la declaración de dicho aforado pudiera esclarecer algunos de los extremos de la minuciosa instrucción llevada a cabo hasta el momento». Destaca que «es ciertamente significativo que, tras una minuciosa judicial de los hechos denunciados, llevados a cabo durante más de dos años no se haya podido acreditar siquiera indiciariamente la realidad del hecho delictivo denunciado, como tampoco la persona o personas directamente implicadas en estos hechos».
Añade el Supremo que «llama poderosamente la atención, también, el hecho de que el redireccionamiento denunciado haya permanecido tras el cambio operado en el Govern balear». Ahora, corresponde a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma decidir si archiva esta investigación, después de que el juez de instrucción de Baleares declarara que no existían indicios de que el redireccionamiento del correo electrónico hubiese sido hecho intencionadamente y tampoco de que alguno de los imputados se hubieran apoderado de los mensajes del citado correo electrónico para descubrir los secretos de su titular o vulnerar su intimidad.
Las investigaciones sobre el «caso Bitel» se iniciaron a raíz de una denuncia presentada en 2000 por el Pacte de Progrés que acusa a Matas de espiar supuestamente, entre 1998 y 2000, a través de su entonces secretario, Sebastià Vallori, el correo electrónico del ex presidente de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, Francesc Quetglas, actual conseller d'Obres Públiques del Govern. La Audiencia de Palma revocó el archivo ordenado por el juzgado y remitió la causa al Supremo al considerar «el hecho indiscutible, no controvertido y admitido por todas las partes» de que existió un indebido redireccionamiento del correo electrónico.