Govern, Consell de Mallorca y Ajuntament de Palma colaborarán para que las personas que han sido incapacitadas por vía judicial reciban asistencia y sean tuteladas por las distintas administraciones. Este programa beneficiará al menos a las 96 personas que hasta el mes de julio, habían iniciado el expediente de incapacitación. Cada una de las administraciones aportará un total de 34.000 euros al programa, que será gestionado por la Fundació Aldaba. Entre los objetivos de esta actuación se encuentra asumir las funciones tutelares cuando lo acuerde la autoridad judicial competente.
También defenderán judicialmente a los presuntos incapacitados cuando lo determinen los juzgados, una vez que se haya iniciado el procedimiento por parte del Ministerio Fiscal. Entre las funciones se encuentra dar orientación jurídica a los profesionales de los servicios sociales y sanitarios que lo necesiten y promover la formación jurídica y social de los profesionales relacionados con los incapacitados, el con la finalidad de garantizar mejor sus derecho, según explicó la consellera.
Hasta julio de 2002, el programa ya ha asumido 19 defensas judiciales, nueve casos de administración de bienes, 41 tutelas judiciales y 17 curatelas, que es una fase previa a la tutela por incapacitación temporal. La incapacitación judicial se ha concedido a 33 enfermos mentales, 14 discapacitados, 18 casos de demencia, 3 alcohólicos, 5 personas con problemas de Alzheimer, 2 con Parkinson y 3 más con ludopatías.
La mayor parte de estas tutelas asumidas se hacen en personas de avanzada edad que no tienen parientes próximos. No obstante, la consellera explicó que también existen numerosos casos de dejación familiar una vez que el pariente ha quedado incapacitado. La consellera explicó que las incapacitaciones cada vez tienen un mayor espectro ya que afectan a alcohólicos y ludópatas, cuando hasta hace unos años sólo afectaban a dementes.