La nueva redacción del Plan Territorial propone bajar el techo de población con una reducción de un 20 por ciento de la densidad poblacional. La medida se propone en las zonas afectadas por la moratoria en aquellos suelos urbanos no consolidados. «Dicha reducción podrá llevarse a cabo tanto aumentando las dimensiones de las viviendas posibles como bajando alturas de los edificios plurifamiliares», señala el documento. Ésta es una de las incorporaciones más importantes que ha recogido el equipo redactor del plan tras el informe crítico de los técnicos del Consell y una vez escuchadas las sugerencias de los partidos del Pacte. El texto ya está en manos de los partidos para que den su opinión.
Se trata de la propuesta que hace el equipo redactor para que se adopten medidas una vez que finalice la moratoria. La reducción del 20 por ciento de densidad de población podrá no ser homogénea, según proponen los redactores del plan. De esta forma, podrá modificarse al alza o a la baja según las características y necesidades de las diversas áreas. «Esta reducción de la edificabilidad se debe reflejar proporcionalmente en un incremento sustancial de las áreas y espacios libres, para lo que se seguirán criterios sobre todo de calidad ambiental», añade el documento.
Los redactores del documento añaden otro aspecto interesante referido a este mismo asunto. Proponen además que en las áreas de suelo urbano consolidado con un alto índice de población las operaciones de reconstrucción de edificios «acogerán también la reducción de viviendas en el porcentaje señalado siempre que sea urbanísticamente posible tal exigencia». Pero a esta novedosa propuesta de reducción de la densidad de población debe sumarse otra idea de los redactores del Plan Territorial. Además de reducir el techo de población bajando las densidades, el plan incorpora la posibilidad de establecer nuevas desclasificaciones de suelo en zonas consideradas «especialmente sensibles».
El plan propone una disminución de la oferta de suelo actualmente existente y que, en algunos casos, servirá además para preservar zonas de interés natural, como es el caso de Cala Tuent, en Escorca, el Port des Canonge, en Banyalbufar, y Es Caülls, en Marratxí. A la rebaja de la densidad de población y las nuevas desclasificaciones se añade una tercera propuesta de gran importancia: todas estas propuestas serán de aplicación directa, «sin necesidad, por tanto, de adaptación del planeamiento municipal», según señala el nuevo documento.
Por lo tanto, será el propio plan el que determine por sectores o por municipios las reducciones propuestas. Estas limitaciones se aplicarán con un criterio de flexibilidad «atendiendo a las especificidades de cada municipio, al estado de su planeamiento y a su situación respecto al modelo general diseñado por el plan». Ello significa que los ayuntamientos no tendrán que adaptar su planeamiento, ya que las propuestas que presentan los redactores serán de aplicación directa. Las sugerencias que presentan los redactores debe ser analizada ahora por los partidos políticos del Consell. Si el Pacte decide incorporar alguna modificación, los redactores del plan tendrán tres meses para incluirlas en el texto. A partir de entonces podrá darse la aprobación inicial del documento.
Palma y los municipios vecinos, los más
afectados
Los redactores del nuevo documento señalan en el texto que el
aumento de más de 100.000 nuevos habitantes en seis o siete años
hace que las infraestructuras no puedan digerir los nuevos techos
poblacionales. El texto añade que el mantenimiento de una mínima
calidad de vida «exige que dichos techos sean reducidos en toda la
Isla y, especialmente, en Palma y municipios vecinos, donde al
consumo territorial se añade una descompensación territorial». Por
estas razones, el plan recuerda que fue preciso aprobar una norma
territorial cautelar hasta la aprobación del plan. Se buscaba que
este crecimiento desorbitado no afectara a la redacción del
documento.