El secretario general de Comisiones Obreras (CC OO), Josep Benedicto, acusó ayer al Gobierno central de mentir con respecto al «decretazo» y de «realizar una reforma del desempleo para beneficiar sólo a unos pocos, perjudicar a muchos y para abaratar la expulsión de trabajadores de las empresas».
Benedicto aseguró tener ejemplos «que contradicen la reforma de desempleo, basada en la no desaparición de los salarios de tramitación y el trámite automático de las prestaciones, como el de un trabajador despedido el 12 de agosto que fue citado para el 16 de septiembre, que afirman lo contrario» y añadió que «lo que el PP vendía como automatización en el cobro de las prestaciones por desempleo se ha convertido en un mes y medio de tramitación».
Precisó que al trabajador «se le quita el derecho a los salarios de tramitación en caso de despido improcedente y, además, se le retrasa hasta dos meses el cobro de las prestaciones». «Según el Inem, continuó el líder sindical, «las causas de estas demoras son el traspaso de las competencias al SOIB, las bajas que ha sufrido la plantilla y las dudas que les ha generado la interpretación del 'decretazo'».
Durante la campaña previa a la huelga del 20 de junio, CC OO planteó la desaparición de los salarios de tramitación mientras que «el PP y las patronales nos tachaban de mentirosos. Pues bien, un juez de Badajoz ha dictado una sentencia donde afirma que los salarios de tramitación desaparecen», apostilla.
El secretario de empleo, Baltasar Piñeiro destacó que «los servicios jurídicos del sindicato tramitaron en el periodo del 27 de mayo al 26 de agosto de 2001, 36 expedientes por despido mientras que en el mismo espacio de tiempo del presente año, el número se eleva a 93». Estos datos demuestran, según el sindicato, que el ahorro que han supuesto los tres meses transcurridos desde la entrada en vigor del decreto, representa para los empresarios de Balears, teniendo en cuenta sólo los expedientes que ha tramitado su asesoría jurídica, un total de 402.700 euros.