Hacienda ha remitido citaciones de pago equivocadas a miles de ciudadanos de Balears a causa de un error informático, provocando la confusión general entre los contribuyentes, pequeñas empresas y gestorías que habían cumplido diligentemente con sus obligaciones fiscales, según han informado un grupo de perjudicados y fuentes próximas a la Agencia Tributaria, aunque la información no ha sido confirmada por Hacienda quien ha alegando que el delegado en Balears, Ignacio Fernández Alegría, se encuentra de vacaciones hasta el 1 de septiembre.
El Fisco ha remitido miles de cartas estándar de citación de pagos sobre el IVA, retenciones de alquileres o retenciones del trabajo, respecto del primer trimestre del actual ejercicio, en las que da un plazo de 10 días a los respectivos contribuyentes para que regularicen su situación, cuando el plazo habitual para este tipo de citaciones es de 30 días. Según han informado varios afectados, cuando el contribuyente se dirige a las distintas delegaciones de Hacienda para clarificar su situación fiscal, el mismo personal de ventanilla le informa de que la citación se ha producido a causa de un error informático y se emplaza al ciudadano a que rompa o se deshaga del impreso oficial.
Se ha dado la circunstancia de que cuando alguno de los contribuyentes afectados ha solicitado un impreso oficial para hacer constar que su requerimiento de pago no es válido, el personal de ventanilla le ha emplazado a firmar un papel en el que el mismo contribuyente dice que el requerimiento es debido a un error informático.
Este error informático de Hacienda ha causado un grave malestar entre los afectados, principalmente entre los contribuyentes individuales y pequeñas empresas, pero también a las gestorías. Se ha dado la circunstancia que algunos contribuyentes, que en su momento habían entregado a sus gestorías dinero y los impresos firmados, han recibido este requerimiento de Hacienda, por lo que algunos han temido ser víctimas de irregularidades. Especialmente porque en las citaciones de Hacienda se solicitaba a los contribuyentes afectados que acudieran con libros de registros, facturas emitidas, y todo tipo de documentación, como si se tratara de una inspección fiscal.