El conseller de Treball, Eberhard Grosske, aseguró ayer que la reforma de las prestaciones por desempleo, que ha puesto en marcha el Gobierno de Aznar, es un «regalo» para los empresarios, ya que se ahorrarán cantidades importantes de dinero con la nueva regulación de los salarios de tramitación. Añadió que también el Gobierno se ahorrará dinero en las prestaciones por desempleo.
El conseller de Treball ofreció ayer una rueda de prensa acompañado por el director del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), Pere Mascaró, para explicar las razones que han empujado al Govern a presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de esta norma. Grosske explicó que el recurso está avalado por los juristas de la Comunitat y por un informe del propio Consell Consultiu.
Entre las razones apuntadas por el conseller para la presentación del recurso se encuentra el hecho de que la aprobación por la vía del decreto-ley supone una «alteración» del mecanismo de la separación de poderes, ya que la Constitución prevé que se emplee este sistema sólo en circunstancias excepcionales. Eberhard Grosske apuntó además que los decretos-ley no pueden regular los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como es la libertad de elección de la profesión y el oficio.
Para Grosske, esta nueva regulación no está pensada para estimular la búsqueda de un trabajo, además de que perjudica los derechos de los desempleados «al dificultar su acceso a una prestación por desempleo y a mantener una carrera profesional con dignidad», afirmó el conseller de Treball. Opinó además que el decreto fomentará que los empresarios apuesten por el despido, aunque sea improcedente, ya que ello no les supondrá ninguna penalización con la nueva regulación de los salarios de tramitación de esta reforma.
El conseller afirmó que el apartado referido a los fijos discontinuos es muy peligroso y reclamó que el Gobierno actúe en esta materia de una vez por todas, tal y como señala el Régimen Especial. Al hilo de este asunto, el conseller de Treball denunció que el Gobierno está incumpliendo esta ley de forma sistemática y confió en que el nuevo ministro, Eduardo Zaplana, reactive las políticas específicas en esta materia.