Balears acumula uno de cada cinco recursos presentados por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional en contra de alguna comunidad autónoma, según consta en el informe «Comunidades autónomas», realizado por el Instituto de Derecho Público. Entre Balears, Aragón y País Vasco acumulan el 60 por ciento de los recursos totales presentados por el Gobierno en contra de leyes de las comunidades autónomas.
De los 15 recursos planteados por el Ejecutivo central en contra de otras tantas leyes de parlamentos autonómicos, Balears, Aragón y País Vasco reciben tres cada uno de ellos. Catalunya y Navarra recibieron dos recursos y Canarias y Castilla-La Mancha, uno cada una de ellas. De las 17 comunidades autónomas, hay diez que no vieron recurridas ninguna de sus leyes.
En sentido contrario, la Comunitat Autònoma tan sólo planteó un recurso de inconstitucionalidad en contra de una ley estatal aprobada en 2001. Se trata del recurso en contra de la Ley de Extranjería, si bien el Govern ha anunciado que se sumará a la iniciativa de otras cinco comunidades autónomas y recurrirá la Ley de Calidad de la Enseñanza. Aragón, con un total de 6, es la comunidad que más recursos ha presentado en contra de decisiones del Gobierno. Andalucía es la segunda comunidad autónoma en número de recursos.
A las tres leyes recurridas en 2001 por el Gobierno "la Ley de Consells, la de Comerç y la ecotasa" se sumó además el complemento a las pensiones aprobada por el Consell de Govern. En el estudio del Instituto de Derecho Público sobre la conflictividad entre el Gobierno central y el autonómico, los autores destacan que no pueden descartarse las motivaciones de naturaleza «metajurídica» que en ocasiones se traslucen en las controversias.
«Como ya se ha convertido en una regla general que viene reiterándose cada año, en el presente se vuelve a constatar que el Estado (y específicamente el Gobierno) no recurre disposiciones de aquellas comunidades autónomas en que gobierna la misma fuerza política que lo hace en el Gobierno central (en la actualidad, el PP), mientras que sí lo hace respecto de aquellas otras donde gobiernan otras fuerzas políticas», dice el informe. El informe del Instituto de Derecho Público destaca también que la misma situación se plantea a la inversa, es decir, que todos los recursos planteados en contra de disposiciones del Gobierno lo han sido siempre por comunidades en las que no gobierna el Partido Popular.
Firmados 39 convenios
El Govern balear y el Gobierno central suscribieron el pasado año
un total de 39 convenios de colaboración, nueve más que los
rubricados durante el ejercicio anterior, según los datos del
Informe Comunidades Autónomas 2001, elaborado por el Instituto de
Derecho Público. Por lo tanto, el número de convenios firmados el
año pasado aumentó un 30 por ciento con respecto al año anterior.
El estudio también destaca que el número de convenios de
cooperación suscritos entre el Estado y las autonomías el pasado
año se incrementó en un 29'7 por ciento respecto a 2000, al pasar
de 518 a 672 acuerdos. Según estos datos, los convenios aumentaron
en todas las comunidades, excepto en Aragón, donde se firmaron tres
menos que en 2000, y en la Comunidad Valenciana, en la que se
suscribió el mismo número de acuerdos. En las relaciones entre
Balears y las instituciones estatales se encuentra también las
proposiciones de ley presentadas por la Cámara balear para que
fueran aprobadas en el Congreso. La Cámara Baja rechazó dos de las
proposiciones presentadas por el Parlament, referidas a la
participación de las comunidades autónomas en el Consejo de la
Unión Europea y a la necesidad de propiciar el uso de lenguas
autonómicas en documentos de identidad, sellos o acuñación de las
monedas del euro.