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«¿Qué hacemos con el Senado?»

Cuatro senadores por Balears analizan para Ultima Hora la actual situación de la desprestigiada Cámara Alta y las reformas necesarias para revitalizarla

IVÀN TERRASA " MADRID
Cada vez son más las voces alzadas desde el ámbito político nacional (desde Rodríguez Zapatero a Manuel Fraga Iribarne) criticando que el Senado se ha convertido en una cámara obsoleta, sin el peso y el sentido territorial que debería atesorar según lo contemplado en la Carta Magna. Todos los partidos políticos, sin excepción, se han manifestado abiertamente durante la presente legislatura a favor de la reforma de sus funciones. Pero mientras la oposición en bloque clama por modificar la Constitución, el Gobierno Central retrasa los posibles cambios aduciendo una «falta de ideas» para retocar los artículos que hacen referencia a la Cámara Alta, ratificados en 1978.

En el laberinto de pasillos de la Plaza de la Marina Española, en Madrid, cuatro senadores por Balears, José Manuel Ruiz Rivero y José Seguí Díaz (PP), Ramón Socías Puig (PSOE), y Manuel Cámara Fernández (Grupo Mixto), analizan para Ultima Hora , entre votación y votación, la actual situación de una Cámara Alta en franco desprestigio. «El gran problema es que el Senado no está cumpliendo el principal cometido para el que fue diseñado: ser una cámara de representación territorial», afirma Socías, quien además de senador es el alcalde de Sóller. «De hecho, no hay un seguimiento en las reuniones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, no reúnen nunca a los presidentes territoriales, y eso es ridículo. Pero es que cuando se hizo la Constitución, evidentemente, no había Comunidades Autónomas». Precisamente este hecho, que cuando se firmó la Carta Magna el sistema de elección estuviera establecido por provincias, es hoy una de las grandes lacras que sufre el Senado, según el propio Socías. «La representatividad de la población debe estar mucho más equilibrada. Por ejemplo, hoy Castilla León tiene 40 senadores con menos de tres millones de habitantes, mientras que Catalunya, con seis millones, sólo tiene 16 senadores».

Manuel Cámara, dirigente de Izquierda Unida y portavoz del Grupo Mixto, se queja a su vez de que «la reforma del Senado ha pegado un retroceso espectacular como consecuencia de la mayoría absoluta del PP, que se había presentado a las elecciones con el compromiso de modificar la Cámara Alta» y que, debido a la gran ventaja que le supone tal mayoría absoluta, «no le ha interesado cumplir». «El miedo del Partido Popular es abrir un debate del Senado con la excusa de que irremediablemente se abriría un debate sobre la reforma del Estado», apostilla.

Los representantes del Partido Popular lo ven de otra manera. «Se dice que el Senado no sirve para nada, pero yo creo que eso es un problema mediático más que nada», dice José Manuel Ruiz. José Seguí, senador por Menorca, defiende que «únicamente se podría cambiar la Constitución si existiera un consenso claro» que, en estos momentos, no es tal entre los partidos políticos. «¿Por qué debe debatirse un modelo federal cuando no es eso lo que está pidiendo la ciudadanía?», se pregunta Ruiz. «Nosotros no incorporamos este debate a nuestro programa, que se votó mayoritariamente en las elecciones de 2000», recuerda, contradiciendo a Cámara.

Ramón Socías va más allá en su crítica al Gobierno. «Al PP se le llena la boca hablando de la Constitución, cuando muchos de ellos no la votaron o votaron en contra de ella, como por ejemplo José María Aznar, que escribió artículos periodísticos en contra de la Constitución en 1977 y 1978 en un diario de Logroño». Para el único senador socialista mallorquín, cuatro cambios son fundamentales para revitalizar la Cámara Alta: que el sistema de elección sea por CC AA y no por provincias; que la segunda lectura tenga mucha más trascendencia, y no sea una mera lectura mecánica de lo que viene del Congreso; que los presidentes territoriales y consellers puedan acudir a los debates relacionados con sus CC AA; y que los presidentes territoriales puedan acompañar a los ministros del Gobierno a la sede de la Unión Europea a apoyar posturas que afecten a su Comunidad Autónoma, como ya ocurre en otros países, entre ellos Alemania y Bélgica.

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