Quince ayuntamientos de las Balears han recurrido frente al Tribunal Constitucional (TC) la Ley de estabilidad presupuestaria aprobada con la mayoría del PP el pasado mes de abril y que previamente había obtenido el aval de los consejeros populares en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Los consistorios, que se han sumado a la iniciativa de otros ayuntamientos de todo el Estado de recurrir el «déficit cero», son los gobernados por los socialistas en las Islas: Algaida, Binissalem, Calvià, Lloseta, Marratxí, Pollença, Puigpunyent, Sóller, Alaior, es Castell, Maó, Sant Lluís, es Migjorn, Eivissa y Formentera.
Tal y como explicó el responsable de política municipal en Mallorca del PSIB, Francesc Rosselló, «esta ley asfixia la autonomía local y dejará los ayuntamientos sin posibilidad de acudir al endeudamiento para financiar sus inversiones». La iniciativa empezó a desarrollarse el primer trimestre de este año y fue canalizada por la presidenta de la Federación de Entidades Locales de las Islas Balears (Felib), Margarita Nájera.
Los meses siguientes los equipos de gobierno de los consistorios socialistas aprobaron en sesiones plenarias esta medida, que se ha tomado a título individual y se ha canalizado a través del Grupo Parlamentario Socialista.