Hay actuaciones que tienen la capacidad de despertar la reflexión y la crítica de la ciudadanía. Si durante décadas nuestras Islas han estado expuestas al expolio más brutal, en los últimos años la conciencia ecológica se ha adueñado de la mayoría de los habitantes del Archipiélago. Hoy casi todos estamos de acuerdo en que el territorio debe protegerse al máximo.
Precisamente en el ámbito urbanístico se han producido tres casos en los que están implicados miembros destacados de un Pacte de Progrés que se había convertido en abanderado de la protección territorial. La consellera Margalida Rosselló (Els Verds) pretendía construirse una casa en Alaró que no cumplía con las normas municipales. El asunto está en los tribunales. El conseller Miquel À. Borràs (UM) celebró con una sonada fiesta la construcción de su residencia en un paraje ahora protegido. Hoy no sería posible tal edificación. Josep Maria Costa (PSOE) está construyendo en Eivissa una casa que dentro de pocos meses, cuando se apruebe el plan territorial que el Pacte promueve, estará prohibida, aunque hoy sea legal.
Son tres casos que, aunque distintos, tienen mucho en común. Por lo que respecta a Rosselló, serán los tribunales quienes dictaminen si ha obrado según la ley. En lo que concierne a Borràs y Costa, no se pone en duda la legalidad de sus casas, viviendas, por otra parte, que no pueden ser calificadas de modestas, todo lo contrario.
Estamos ante tres actuaciones privadas que dañan la imagen del Pacte y el trabajo político de sus compañeros. Todo puede ser legal, pero ética y estéticamente chirría en demasía. Hablan de proteger el suelo rústico pero antes se construyen sus residencias de lujo. Así se decepciona al electorado y se pierden votos. Y se lo ponen en bandeja al PP, que no dudará en sacarle los colores al Pacte por estas flagrantes contradicciones entre lo que defienden en público y lo que hacen en privado.