El Plan Territorial, la propuesta de ordenación territorial de Mallorca para los próximos años, incluye el soterramiento de las vías del tren en Palma desde la plaza de España hasta la Vía de Cintura. El tramo que actualmente ocupan las vías se destinaría a la construcción de una calzada de salida rápida de Palma que sólo podría utilizar el transporte público, como los autobuses y los taxis, además de las ambulancias y demás servicios de emergencia.
El objetivo de esta propuesta, tal y como se detalla en el proyecto, es recuperar suelo para la ciudad de Palma, «aumentando la permeabilidad urbana, sino sólo sin comprometer la eficacia de la red ferroviaria, sino aumentando la seguridad y velocidad del ferrocarril y mejorando el tráfico urbano. El plan considera que los tramos de vías férreas que cruzan la ciudad causan una gran «intrusión en la estructura urbana», además de que discurren por un suelo de mucho valor y dificultan la accesibilidad transversal entre las zonas en las que divide el área por el que discurren.
Entre las propuestas del plan hay una que resulta especialmente llamativa ya que el trazado de las vías del tren no sería la única calzada para uso exclusivo de transporte público. El plan prevé la construcción de un plan especial de vías prioritarias para transporte colectivo, es decir, carriles de carreteras por los que sólo podrán circular transporte público como autobuses y taxis. Estas vías prioritarias pueden ser de varios tipos, según la propuesta, ya que el documento sugiere hasta cinco opciones: una calzada independiente con infraestructura propia; un carril separado físicamente por medio de barreras de hormigón o similar; un carril a contracorriente; un carril separada especialmente, es decir, con mayor separación entre éste y el resto de la calzada, y un carril señalizado como prioritario, como ya existen en Palma.
El plan asegura que, en estos carriles se podría restringir el tráfico por completo al vehículo privado o tan sólo parcialmente en función del nivel de ocupación o de las granjas horarias de uso. Como primera propuesta, el plan incluye los ejes de acceso a Palma en el tramo del segundo cinturón, en donde se concentran los mayores tráficos. Los ejes propuestos son el Palma-Llucmajor, Palma-Manacor y Palma-UIB. El desarrollo de estas propuestas se prevé en cinco años. El coste de inversión puede ser variable entre 20 y 60 millones de pesetas el kilómetro en función de la opción que se elija. El Plan Territorial propone una partida presupuestaria de 2.500 millones para el proyecto en la primera etapa.
Otra de las propuestas más interesantes del Plan Territorial es la creación de una nueva red de transporte no motorizado. Se trata de crear a lo largo de toda la isla una red continua de viales en los que no estaría permitido el tráfico motorizado. Se propone aprovechar la extensa red de caminos con que cuenta la Isla. Necesariamente la implantación de plan de viales no motorizados, en los que ya trabaja la Conselleria de Medi Ambient, exigirá un largo plazo de implantación, de entre 20 y 30 años, pero el plan recomienda que se acometa sin pausa una vez que se consiga la financiación.
Como ya se conoce, el plan recoge además la propuesta de segundo cinturón, si bien deja el trazado definitivo abierto. Parte del trazado está definido y la propuesta la divida en tres tramos. El tramo este va desde el aeropuerto hasta la autopista de Inca y el tramo norte arranca de la autopista y llega hasta la carretera que une Palma con la UIB. Por último, el tercer tramo es el que está abierto a dos soluciones: la primera de ellas propone conectar la UIB con el segundo cinturón y la segunda propone un construir un nuevo tramo, con gran número de túneles, para conectar el segundo cinturón con la autopista a Palmanova.
Nuevo retraso en el plan como consecuencia de la
negociación
La propuesta de plan territorial sufrirá un nuevo retraso como
consecuencia de las negociaciones políticas entre los partidos del
Pacte. Josep Melià, conseller d'Ordenació del Territori, ya ha
anunciado que introducirá modificaciones en el texto, para lo que
es preciso volver a reunir a la comisión de seguimiento. En un
principio la reunión debía celebrarse el pasado día 30 de julio,
pero la negociación ha obligado a retrasar la reunión hasta el mes
de septiembre. La aprobación inicial, por lo tanto, no se hará
hasta final de año.