Los representantes de Unió Mallorquina y de Els Verds alcanzaron un principio de acuerdo sobre el proyecto de ley de impacto ambiental, que podría incluso recibir el visto bueno del Consell de Govern en la reunión de este viernes, la última antes de las vacaciones de verano. Los representantes de ambos partidos mantuvieron una decisiva reunión el pasado lunes para tratar de limar los desencuentros entre ambos partidos, que impedían la aprobación del proyecto de ley. El partido que preside Maria Antònia Munar no estaba de acuerdo con la constitución de una sola Comissió Balear de Medi Ambient, que sería el organismo responsable de analizar los estudios de impacto ambiental.
UM defendía crear tres subcomisiones para que, igual que ya sucede en el País Vasco, cada una de ellas se encargue de realizar los estudios de impacto de cada una de las islas. Estas tres subcomisiones no serían organismos dependientes de los respectivos consells insulars, sino que su control seguiría estando en manos de la Conselleria de Medi Ambient.
El otro punto de discrepancia entre los dos partidos del Pacte es el referido a qué hacer en caso de discrepancia. En caso de que un informe de impacto ambiental sea discrepante con la opinión de la institución que debe dar el visto bueno, la decisión última queda en manos del órgano superior. Si se trata de una obra que debe realizar algún Ministerio, la última palabra estará en manos del Consejo de Ministros, de la misma forma que si el proyecto es de una Conselleria, la decisión última quedará en manos del Consell de Govern.
El texto inicial de la ley decía que, en caso de que haya discrepancia en cualquier proyecto que emprendan los consells, la decisión definitiva quedaba en manos del pleno de la institución. Sin embargo, Unió Mallorquina no estaba de acuerdo con esta propuesta y consideraba que la última palabra debía estar en manos del Consell Executiu, y no en manos del pleno. El proyecto de ley de impacto ambiental obligará, cuando haya sido aprobado por el Parlament, a que todos los planes, proyectos y programas vayan acompañados de un estudio previo de impacto ambiental. El proyecto faculta además al Govern a realizar encuestas entre los ciudadanos para calibrar el impacto social de algunas instalaciones.