El Govern balear ha solicitado informes jurídicos para denunciar a la Delegación del Gobierno por incumplimiento de la Ley de Extranjería a causa de los retrasos de hasta un año que se producen en la renovación de los permisos de residencia de los trabajadores inmigrantes.
Según explicó a este diario el director general de Benestar Social, Antoni Sancho, la Ley de Extranjería fija un plazo de tres meses para la renovación de los permisos de residencia. Expirado este plazo, el «silencio administrativo» favorece al ciudadano, que obtendría de manera automática la renovación.
No obstante, Sancho señala que el problema grave se produce en el momento de pedir el alta a la Seguridad Social, organismo que exige a tal efecto un certificado de silencio administrativo expedido por la Delegación del Gobierno.
El director general del departamento de Fernanda Caro explica que al llegar a este punto se entra en un círculo vicioso ya que el certificado llega a una administración que ya lleva retraso en la expedición de una solicitud previa, la del permiso de residencia.