La renovación de los permisos de residencia para los inmigrantes tarda entre 10 y 12 meses en Balears, según confirmó el Centro de Información para los Trabajadores Extranjeros (CITE) de Comisiones Obreras (CC OO). Portavoces del CITE atribuyen esta demora a la falta de personal destinado a la tramitación del mencionado permiso que hay en la Delegación del Gobierno. Según las fuentes, éste es un problema crónico en la comunidad autónoma, que se ha hecho más evidente los últimos meses al aumentar considerablemente el número de extranjeros que trabajan en Balears.
Según el CITE, esta situación no tendría por qué afectar a los inmigrantes, ya que según la Ley y el Reglamento de Extranjería, el resguardo de solicitud de renovación suple a todos los efectos el permiso definitivo. No obstante, las fuentes indican que se han detectado casos, relativamente numerosos, en que un trabajador ha perdido el trabajo por encontrarse en situación de espera de renovación. Estos incidentes, que se producen sobre todo en el sector de la construcción, tienen como punto de partida el desconocimiento de la ley por parte de los empresarios que no renuevan el contrato o no cogen un nuevo trabajador, al sospechar que una demora tan prolongada podría tener alguna razón no simplemente burocrática.
Por otra parte, el CITE lamenta la angustia psicológica que sufren los inmigrantes, que en muchos casos son desconocedores de la validez del resguardo de solicitud como sustituto del permiso en tramitación. Los sindicalistas comentan que, en esta situación, el inmigrante también tiende a sospechar que hay razones ajenas a la burocracia en la tramitación de su expediente. CITE elabora un estudio detallado sobre el número de personas afectadas por esta demora y los perjuicios que han sufrido por la prolongación de los plazos para la tramitación de la prórroga de los papeles.
Por otra parte, CC OO y el CITE denunciaron el mes de mayo pasado uno «goteo continuo de expulsiones» de inmigrantes extracomunitarios de Balears. El director general de Planificación Social, Antoni Sancho, confirmó la noticia y afirmó que los hechos «coinciden con la política antiinmigración del Gobierno central, que señaló que sólo regularizaría a aquellos trabajadores que llegaran desde su país con una oferta laboral y no a los que ya están aquí, aunque tengan una oferta laboral.
No obstante, la responsable de Política Social de Comisiones, Eva Cerdeiriña, aseguró que el «goteo continuo de expulsiones» está relacionado con el «intento de vincular la inmigración con el aumento de la delincuencia». Cerdeiriña explicó que «esta relación es falsa» y dispone de estudios a nivel estatal que así lo demuestran. Según la sindicalista, «muchos de los delitos que dicen que han cometido los inmigrantes extracomunitarios consisten en entrar ilegalmente en España». Desde la CITE se confirmó que desde finales de abril se habían recibido centenares de denegaciones de permisos de residencia y que había quejas por la lentitud de los trámites.