Tras casi diez años de investigaciones judiciales, comenzó el primero de los juicios que se celebrarán por el denominado «caso KIO». Casi no es necesario recordar aquí que una justicia tardía raramente puede ser una justicia ecuánime y eficaz, por lo que las perspectivas que la apertura del proceso han despertado no son en este momento halagüeñas.
Aún admitiendo la complejidad del caso, y el hecho de que el asunto se ha desglosado en cuatro procesos distintos "el ahora en curso, Wardbase, el que entenderá los presuntos delitos cometidos en la venta de las papeleras Icsa, Impacsa, las sociedades Pincinco, Oaktom, y finalmente la sociedad Quail" diez años son demasiados como para que ahora la opinión pública española esté pendiente de una cuestión que en su momento estuvo en portada de diarios e informativos.
El caso de Kuwait Investment Office (KIO) y la persona de su hombre fuerte en España, Javier de la Rosa, son característicos de un hacer financiero que en los 90 era muy frecuente, aunque desde un punto de vista de escrupulosidad financiera nunca fue recomendable. De la mano de un De la Rosa siempre turbio, la agencia que gestionaba las inversiones kuwaitíes en nuestro país se convirtió en una especie de coartada para todo tipo de maniobras discutibles. Negocios ficticios, documentos etéreos, fantasmales movimientos de capital, de todo ello y más hubo en el entorno de KIO. Ahora, la Audiencia Nacional tiene la palabra "por cierto que el fiscal pide penas conforme al antiguo Código Penal, en vigor en el momento de los hechos, y también conforme al nuevo, para que después se aplique el más favorable a los acusados", por más que, insistimos, la justicia llega en esta ocasión exageradamente tarde. Aún así es de esperar que se llegue realmente a la raíz misma de los hechos y que, aunque tarde, se depuren las correspondientes responsabilidades.