El Gobierno central considera que no hay razón para la declaración de interés público de las rutas aéreas entre Balears y la Península y las interinsulares, lo que ha provocado que el Govern balear se plantee acudir a los tribunales. Además, el Ejecutivo de Aznar rechaza elevar la subvención del 33 por ciento para residentes hasta el 50 por ciento.
Son dos los problemas a los que nos enfrentamos. Por un lado, la necesidad de contar con un adecuado servicio de transporte aéreo que asegure nuestras comunicaciones con la Península y con el resto de las Islas. Y por otro, que sea posible viajar a precios razonables.
En los últimos años las distintas compañías aéreas han elevado los precios de los billetes hasta alcanzar unas cifras que no todas las economías familiares pueden asumir. Ante estas tarifas, el actual descuento del 33 por ciento resulta totalmente insuficiente. Una vez más, hay que recordar lo que signfica la insularidad. En Balears sólo tenemos dos opciones: el barco o el avión. Aquí no existe la posibilidad de ir a cualquier ciudad de la Península utilizando coche, autocar o tren. Este déficit debe suplirlo el Estado con una política de subvenciones que amortigüe las desventajas económicas derivadas de la insularidad.
Otra cuestión más compleja es la declaración de servicio público de las rutas aéreas de Balears. Lo que realmente importa es que las distintas compañias aéreas que operan en nuestros aeropuertos den un buen servicio, con unos horarios que respondan a las necesidades de los ciudadanos. Sólo en los casos "rutas o franjas horarias" en que esta demanda no sea satisfecha debería exigirse la declaración de servicio público.