Eurojust, organismo formado por jueces y fiscales de cada uno de los países miembros de la Unión Europea, califica a Balears como una zona comunitaria «de gran actividad judicial» debido a su elevado número de residentes extranjeros. Así lo dejó de manifiesto su presidente, hasta la semana pasada (y recién elegido vicepresidente), el fiscal Ignacio Peláez en la visita que realizó al juez decano de Palma, Pere Barceló. El tema principal que ambos abordaron fue el desarrollo de las comisiones rogatorias y el intercambio de información entre miembros de la judicatura y del ministerio público europeos con sus colegas de las Islas.
Esta es la segunda actuación oficial de Eurojust en Palma, tras las jornadas celebradas el pasado mes. Ese organismo existe como tal desde el pasado 6 de diciembre, tras la autorización de los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea. Su función principal es facilitar y agilizar la cooperación en el ámbito de la UE y coordinar investigaciones judiciales contra el crimen organizado, el terrorismo o las bandas organizadas.
«Hemos avanzado mucho desde la creación de Eurojust», explicó Peláez a Ultima Hora . «Se ha aprobado el reglamento que lo regula, que estaba pendiente desde hace tiempo por parte del Consejo de Ministros europeo. También, se han celebrado elecciones y se descongeló, por fin, el presupuesto. Estamos trabajando para ultimar un acuerdo con la OLAF (Organismo Antifraude de la Unión Europea) y la red judicial».
El presupuesto de Eurojust para este año será de 2'5 millones de euros, según avanzó Peláez, quién dejó el cargo de presidente al finalizar la presidencia española de la Unión Europea. «Balears ha podido agilizar sus comisiones rogatorias como consecuencia de la creación de unidades específicas en la UE», dijo, «y por ello, el propio Pere Barceló llevó algunas de ellas que afectaban a causas en juzgados de Alemania (3), Inglaterra, Luxemburgo, entre otros, a la reciente reunión celebrada en Bruselas».