La judicatura balear ya tiene una presencia activa en la Red Judicial Española de Cooperación Internacional. Pere Barceló, en Penal, y Àlvaro Artola, en Civil, forman parte de los 60 jueces de todas las comunidades autónomas designados por Eurojust para coordinar las diligencias de petición y recepción de comisiones rogatorias en territorio insular.
El objetivo es perseguir los grandes delitos, entre ellos, fraudes económicos, pornografía infantil, tráfico de drogas, entre otros. Pere Barceló, juez decano de Palma, asistió esta semana a la reunión inaugural celebrada en Bruselas de la recién creada red judicial internacional, y como tal, trasladó a jueces europeos diez comisiones rogatorias instadas por magistrados de Balears. En la capital de la UE, asimismo, recibió un encargo de un juez de un país de la UE para solicitar al titular de un juzgado de instrucción de Palma que investigue un supuesto fraude, que Barceló no concretó.
Eurojust es una institución creada hace sólo un año, y ya ha celebrado reuniones en Palma. Según explicó su presidente, el fiscal Ignacio Peláez, Eurojust es un instrumento muy útil y válido en la lucha contra la criminalidad. Eurojust inició su andadura tras la autorización de los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, el 6 de diciembre del año pasado. Está formado por jueces y fiscales de cada uno de los países miembros de la UE y en la actualidad está integrado por 15 personas. Su función principal es facilitar y agilizar la cooperación en el ámbito de la UE y coordinar investigaciones judiciales contra el crimen organizado, el terrorismo o las bandas organizadas.
El juez Barceló matizó que las primeras diez comisiones rogatorias solicitadas desde Palma a través de Eurojust, «afectan tanto a personas imputadas como a víctimas». «Lo más importante de todo», dijo, «es que se ha creado un espacio común de actuación que facilitará el desarrollo de las diligencias, porque, quizás, un juez de Palma lleva un asunto muy importante y necesita información, por ejemplo, de jueces de Alemania, Francia y Bélgica. A partir de ahí, es Eurojust quien se encarga de coordinar la petición trasladada desde Palma entre los distintos jueces».