El PP goza de una mayoría absoluta que le permite sacar adelante cualquier proyecto que se proponga sin tener que consultar siquiera con el resto de los grupos presentes en el Parlamento. Y eso es lo que acaba de ocurrir con el polémico decreto de reforma del desempleo, que ya ha superado su trámite en el Congreso, esta vez sin el apoyo de nadie, a excepción, naturalmente, del partido en el Gobierno.
Ni los tradicionales apoyos de CiU y Coalición Canaria se han dejado ver en esta ocasión respaldando a Aznar en su postura de inflexibilidad y han preferido abstenerse, quizá también para que nadie pueda responsabilizarles de los resultados de la huelga que se nos echa encima. Para consuelo de algunos, en una segunda votación se acordó que el texto se tramite como proyecto de ley para que los diferentes grupos puedan presentar enmiendas, aunque es previsible que sólo se admitan pequeñas modificaciones que no varíen el fundamento de la norma que, según defiende el Gobierno, permitirá atajar el fraude existente en el cobro del desempleo.
Pese a que la ley contenga elementos positivos con los que comulgan muchos ciudadanos, el error gubernamental ha sido legislar teniendo enfrente al resto de partidos y a los sindicatos, que representan los intereses de millones de españoles. Durante el debate parlamentario, el responsable socialista de Economía pronunció palabras que hoy en día están en la mente de todos al pedir al Gobierno «un gesto para recuperar el diálogo». Poco después, desde el Ejecutivo se recordaba a los trabajadores el coste económico que para sus bolsillos tendrá la participación en la huelga "unos 70 euros", un detalle que quizá deja entrever que ya se contempla la posibilidad de que el paro convocado contra este decreto sea un éxito.