La fecha del 20 de junio se aproxima a marchas forzadas y cada día son más las noticias que genera esa convocatoria de huelga anunciada por los sindicatos y apoyada por algunas formaciones políticas. Ahora sabemos que los convocantes están dispuestos a cumplir los servicios mínimos "es su obligación", pero no los que consideran «abusivos», lo que deja muy en el aire "a expensas de la interpretación subjetiva que cada uno quiera hacer" la certeza de que el ciudadano cuente en esa jornada de protesta con los servicios indispensables "sanidad y transporte" suficientemente cubiertos, algo que desde luego las autoridades deben garantizar si no quieren que se vulneren derechos fundamentales.
Claro que la huelga es también un derecho protegido por nuestra Constitución y como tal debe entenderse, de forma que se convierte en el arma más potente de los débiles ante las posibles arbitrariedades de los poderosos. En el caso de ahora hay que constatar que la reforma laboral recién aprobada viene acompañada por demasiadas dudas razonables. La peculiar figura del trabajador fijo discontinuo se encuentra confusamente tratada en el texto. Desde el Govern se denuncia que la puesta en marcha de esta nueva legislación traerá consigo pérdidas millonarias para Balears. Desde el Gobierno central, se insiste en que no cambiará en absoluto la situación de los fijos discontinuos. ¿A quién creer?
Así las cosas, hay que lamentar la falta de diálogo, la escasa claridad en los conceptos y la precipitación con que se ha tramitado esta norma. Pero, a pesar de todo, nada de ello justifica la temida violencia de los piquetes informativos ni la presión de algunos empresarios a sus empleados temporales para que no secunden la huelga.