La reforma laboral dictada por el Gobierno de Aznar extraerá 120 millones de euros (20.000 millones de pesetas) de la economía de Balears, concretamente de los bolsillos de 60.000 trabajadores fijos discontinuos "la mitad viven todo el año en las Islas", con fecha cierta de incorporación a su puesto de trabajo, que dejarán de tener derecho a prestación por desempleo, afirma el director general de Economia, Antoni Monserrat. El Govern augura para este invierno una reducción de 60 millones de euros (10.000 millones de pesetas) en las ventas del comercio minorista a raíz de la caída consiguiente del consumo.
Monserrat sostiene que Balears es un caso atípico en España, puesto que la estacionalidad marca el conjunto de su actividad económica. «La refoma laboral persigue que los trabajadores fijos discontinuos con fecha cierta de incorporación a su puesto de trabajo busquen otro empleo durante el invierno, lo que es imposible en Balears, puesto que el diferencial entre afiliados a la seguridad social entre los meses de enero y de julio es de 100.000 trabajadores, lo que demuestra que no podemos cargar al trabajador con la obligación de encontrar una trabajo que no existe», dice Monserrat.
Monserrat enumera entre los efectos de la reforma laboral, al margen de su incidencia en la demanda interna, un prejuicio para las pensiones del futuro; un incremento de la presión sindical en la negociación colectiva de la hostelería «para recuperar parte de lo que pierden» y una desincentivación en la llegada de trabajadores temporeros peninsulares, extremo en que coincide con los sindicatos. «Los trabajadores que no tengan derecho a prestación igual cambian de sector o deciden quedarse en sus lugares de residencia habituales», afirma CC OO desde Málaga.
A esta pérdida de liquidez, habrá que añadir la generada por la eliminiación de los salarios de tramitación, es decir, el salario que hasta ahora cobraban todos los trabajadores despedidos de forma improcedente, desde el momento en que dejaban su puesto de trabajo hasta que concretaban su indemnización con sus respectivas empresas, con un tope de sesenta días en los que no podían trabajar. El director general de Treball, Fernando Galán, anunció ayer que durante el año 2001 en Balears se tramitaron un total de 6.443 despidos improcedentes, que dieron lugar a salarios de tramitación por valor de unos 1.000 millones de pesetas.