El conseller de Treball, Eberhard Grosske, calificó a la Fiscalía General del Estado de Jesús Cardenal de «institución corrupta», mientras que la Fiscalía de Balears y la Asociación de Fiscales Progresistas respaldaron al fiscal del «caso Bitel», Miguel Àngel Anadón, en su decisión de invocar el artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal para expresar su opinión contraria a la orden emanada por su superior, Jesús Cardenal, fiscal general del Estado. Éste le había instado a sumarse a las peticiones de archivo de la causa en la vista oral celebrada en la Audiencia de Palma.
Uno de los párrafos del artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal señala: «El fiscal que reciba una orden o instrucción al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes, pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la Justicia». El portavoz de la Asociación de Fiscales, José Antonio Martín Caro, reiteró que en el informe oral prevalece la libertad de criterio del fiscal, defendió la posibilidad de que pueda haber «opiniones contrarias sobre un mismo asunto», y subrayó: «No es un cacicada de la Fiscalía General del Estado insistir en el archivo de la causa».
En Balears, el fiscal jefe en funciones, Ladislao Roig, dijo que su colega Anadón «hizo uso de la cláusula de conciencia» de que disponen los fiscales con el artículo 25 del Estatuto del Ministerio. «No es nada inusual, al contrario, en muchos casos los fiscales pueden discrepar de la orden que reciben de su superior, pero por el principio de legalidad están facultados para exponer su opinión personal, y es lo que ha ocurrido con Anadón», explicó.
Con respecto al hecho de que la Fiscalía de Balears siga siendo noticia en toda España, por diversas cuestiones, (entre ellas la suspensión de empleo y sueldo del fiscal jefe de Balears, Antonio de Vicente Tutor), Roig resumió su opinión con el siguiente comentario: «Es muy triste». El portavoz de la Asociación de Fiscales Progresistas, Antonio Camacho, declaró a Ultima Hora que Anadón está en su derecho de hacer pública su opinión disidente de la de su superior en una causa, pero insistió en que la Fiscalía General del Estado «debe dar explicaciones al ciudadano de por qué defiende en ese caso una postura contraria a la opinión de todos los fiscales de Balears».
Por otra parte, el coordinador general de Esquerra Unida (EU), Eberhard Grosske, aseguró ayer que «la Fiscalía General del Estado, bajo la dirección de Jesús Cardenal, es una institución corrupta porque no sirve para defender la Ley» sino que «está al servicio del poder político para amparar su impunidad», según informa Efe. Para Grosske, lo que sucedió durante la vista celebrada el miércoles en la Audiencia de Palma «es un espectáculo indignante», ya que el fiscal renunció a hacer lo que consideraba justo (la imputación de Matas ante el Tribunal Supremo) por acatar una orden de Cardenal, «que se dedica a defender a los ministros». El líder de EU y conseller de Treball dijo que ésta es «una cuestión de extraordinaria gravedad que llevaremos al Congreso y al Senado». Asimismo, el president del Govern, Francesc Antich, afirmó en relación a los casos «Formentera» y «Bitel», y la presunta participación del ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, que «el Partido Popular es el que debe saber depurar las responsabilidades dentro de su partido, aunque parece que no lo quiere hacer».