El reciente y penoso episodio de la Basílica de la Natividad, en Belén, ha quedado definitivamente cerrado con el acuerdo alcanzado entre Israel, los palestinos y la Unión Europea para que un grupo de árabes acusados de terrorismo por el Ejecutivo hebreo sean acogidos en varios países, donde gozarán de libertad.
Siete de ellos se encuentran ya en España, aunque cuatro viajarán más adelante a sus países de acogida definitivos, de forma que entre nosotros sólo quedarán tres. El Gobierno español, lógicamente, se ha negado a facilitar detalles que puedan delatar quiénes son y dónde vivirán a partir de ahora, aunque sí ha recalcado que los que serán admitidos en nuestro país «no son terroristas», a pesar de que en el grupo se encuentran destacados miembros y dirigentes de facciones violentas.
Sin duda la operación para detener la dramática incursión israelí en Belén era necesaria "de otro modo, todavía seguirían allí los tanques y los soldados" y no será tampoco la primera vez que un Estado acepta acoger entre sus ciudadanos a terroristas exiliados de otros países. Pese a ello, esta solución diplomática que satisface a la Unión Europea "así demuestra que tiene un papel determinante en la eventual solución del conflicto árabe-israelí", a Israel "se quita de encima el problema sin intervenir directamente" y a Yaser Arafat "quedó liberado su cuartel general a cambio de entregar a sus fieles", no puede gustar tanto a los españoles, portugueses, belgas, griegos, irlandeses e italianos que tendrán que contar entre sus vecinos con estos personajes que, si no son terroristas declarados, sí son cuando menos sospechosos.
Y eso en un país como el nuestro, que sufre casi a diario las tremendas consecuencias del terror, es mucho pedir.