Cerca de un 70 por ciento de las 300 antenas de telefonía móvil existentes en la isla no tiene licencia municipal por lo que, a partir de la aprobación de la ordenanza que regula este tipo de instalaciones, deberá suspender su funcionamiento mientras no tramite la autorización pertinente.
Así lo manifestó ayer el conseller insular de Cooperación local Josep Gomila, quien precisó que, el resto de antenas, cuya instalación ya está autorizada por el Ayuntamiento, podrá mantenerse hasta enero de 2004 en que deberá haberse adaptado a la normativa reguladora de esta actividad. La normativa del Consell se elevará a pleno el primer lunes del mes de junio para su aprobación inicial y entrará en vigor aproximadamente dentro de dos meses en los ayuntamientos que voluntariamente quieran adherirse.
Esta norma viene a cubrir «un vacío importante» que da lugar a situaciones conflictivas derivadas de que cada empresa se pone de acuerdo con una comunidad de vecinos y, en la mayoría de casos sin autorización municipal, se instala sin reparos, dijo Gomila. Precisó que, esto ha generado una serie de problemas denunciados por los vecinos.
Las antenas deberán estar lejos de los
colegios
Entre las determinaciones y condiciones que establece la ordenanza
que aprobará el Consell, destaca la que multiplica por diez la
distancia establecida en la actualidad para instalación de antenas
entre edificios como escuelas, guarderías, residencias de ancianos
y parques públicos. Se concreta la denegación de una licencia en
función del impacto visual, en especial, en edificios catalogados y
espacios naturales protegidos, los cuales quedan excluidos de la
instalación de antenas. No podrán ubicarse antenas en edificios de
altura superior a la permitida por la normativa urbanística, ni
sobre tejados de tejas árabes, ni en suelo urbano no edificado. En
ningún caso las antenas servirán de base para instalación de
publicidad. En suelo rústico no podrán abrirse nuevas vías de
acceso a estas antenas, y deberán utilizarse materiales y colores
adecuados al entorno. Los aspectos de orden estrictamente técnico
reguladas por normativas del Govern «no se tocan», dijo Gomila. La
licencia de obra y la de actividades podrá tramitarse
simultáneamente y se establece la fianza que deberá depositarse y
el pago de un seguro para responder de posibles perjuicios que
puedan derivarse de estas instalaciones.También regula los sistemas
de control e inspección que establece cada 4 años.