La Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo está celebrando su 'IV Reunión Nacional' en la sala Mozart del Auditórium de Palma. La reunión nacional fue inaugurada por la consellera de Salut i Consum, Aina Salom, quien destacó que «el derecho a la salud laboral es un derecho universal, del que son depositarios todos los trabajadores» y comentó la importancia de impulsar líneas de trabajo que contribuyan a la disminución de los accidentes laborales «de los que desgraciadamente, Balears encabeza la lista», recordó Salom.
El conseller de Treball, Eberhard Grosske, que también asistió a la inauguración de la IV Reunión en la que participan unos 200 especialistas de todas las comunidades autónomas, indicó que la enfermedad profesional «es la gran olvidada de la salud laboral debido a que la atención de la opinión pública y de la Administración está centrada en el grave problema de la siniestralidad» y manifestó que un congreso de estas características «puede servir para revalorizar la salud labor concebida integralmente, no sólo como prevención de accidentes sino también de bienestar de los trabajadores».
En la reunión, que concluye hoy con la presentación de comunicaciones orales, se están tratando temas de gran interés social con especial referencia a las nuevas enfermedades laborales como el «moobing» (acoso en el trabajo); el trabajo de los discapacitados o el síndrome del edificio patógeno. En el transcurso de la primera jornada se puso de manifiesto el alto nivel de incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales en la Administración pública y el alarmante incremento de la situación de moobing en el medio de trabajo y su repercusión sobre la salud hace necesaria la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, especialmente en el sector sanitario.
Por otra parte también se apuntó que en Balears se ha comprobado la incidencia de procesos osteomusculares en los trabajadores de la hostelería. En la reunión se reconoció que es imprescindible dotar de servicios de medicina del trabajo en todas las empresas públicas, tal y como apuntó el propio conseller de Treball, quien apuntó que «las Administraciones públicas son las primeras que incumplen la normativa de prevención de riesgos laborales».