La voz de alarma ya ha sonado: las moratorias urbanísticas amenazan la supervivencia de cuatro mil empresas y de treinta mil empleos en el sector de la construcción. Las cifras son millonarias y el temor, palpable. Pese a ello, seguramente ningún constructor no podrá decir que no sabía lo que se avecinaba. Sin entrar a valorar si las apreciaciones de la patronal son acertadas o no, lo cierto es que Mallorca "nos pongamos como nos pongamos" es un territorio limitado por el mar, saturado de casas hasta la saciedad "el paisaje que vemos todos los días desde cualquier carretera es un bosque de grúas" y, por ende, destinado, más temprano que tarde, a echar el freno. Hace años que muchos empresarios dedicados a la construcción saben que el negocio no se acabará, pero sí tendrá que cambiar de rumbo y, desde luego, moderar la actividad. Continuar levantando urbanizaciones de pareados y adosados y promociones de pisos en pueblos y ciudades tiene, necesariamente, que tener un límite: puede ser una moratoria, un techo poblacional o la simple inercia de la vida, que acaba poniendo fin a todas las cosas.
La cuestión ahora es imaginar salidas nuevas, que no den al traste con un sector económico importantísimo, motor habitualmente del resto de la economía. La rehabilitación es, claramente, la más plausible, teniendo como tenemos miles de edificios en los cascos antiguos de todas las localidades que amenazan ruina y que es preciso poner a salvo. Pero para ello tienen que entrar en el juego los políticos, apostando con valentía por revalorizar los centros históricos de pueblos y ciudades. Y, por supuesto, desarrollando de una vez por todas planes territoriales firmes "a ser posible dotados del necesario consenso" que den seguridad a empresarios y ciudadanos.