El portavoz de la Plataforma pel Progrés del Centre Històric, Climent Garau, envió ayer un escrito al presidente de Pimeco, Demetrio Peña, para darle a conocer la posición de la plataforma respecto a las medidas de restricción del tráfico en el centro de Ciutat que está llevando a cabo el Ajuntament de Palma en aplicación del estudio de movilidad presentado el pasado año.
«El mal del pequeño comercio hoy no son las restricciones circulatorias, la actual red de aparcamientos sigue sin estar utilizada en horas punta y absolutamente todos los aparcamientos existentes y los que están en ejecución están en el centro», destaca Garau en la carta. El portavoz de la plataforma señala que el 70% de los comercios del centro están en zona peatonal y añade que llevan años «reivindicando su situación y sus beneficios gracias a la peatonalización», prosigue.
«Por otra parte, las normas de instalación de pilones retráctiles, no son una cosa nueva», indica Garau, considerando que los pilones cumplen una función positiva: «Instalar un impedimento físico para conseguir que se cumpla una normativa impuesta en el año 1981 y que nadie cumplía», continúa. Garau señala que la mayoría de comercios del centro están en zona peatonal o al lado de algún aparcamiento, por lo que «es del todo inaceptable que se culpe a las restricciones de tráfico de la falta de ventas del pequeño comercio», indica.
«Las posturas intransigentes, elevadas a los medios de comunicación, de retroceso total en la aplicación del Pla de Mobilitat pueden crear una ruptura social entre vecinos y un sector de comerciantes», destaca Garau, y señala que puede ser peligroso enfrentar a 50.000 residentes contra un sector de los comerciantes, «no creo que les sea beneficioso», afirma.
Por todo ello, Garau solicita «encarecidamente» a los comerciantes que retiren sus propuestas, si bien indica que «estamos dispuestos a seguir apoyando sus justas reivindicaciones como hemos ido haciendo desde hace meses», añade, y afirma que sin intransigencias y con diálogo se puede negociar cualquier tipo de mejora en el estudio de movilidad y en la normativa de las zonas ACIRE, por lo que es necesario que se impliquen «todos los colectivos afectados».