El conseller de Presidència, Antoni Garcias, declaró ayer que la transferencia de las competencias de Justicia a las comunidades «no será una realidad esta legislatura autonómica», ya que, dijo, el Gobierno «aparcó este proceso en favor del traspaso de las competencias de Sanidad».
No obstante, reconoció que «existe una gran demanda desde los cuerpos judiciales, porque han visto que las comunidades que ya tienen las competencias han mejorado mucho su situación, aunque a costa de una gran inversión por su parte».
«Estoy casi convencido de que en esta legislatura será muy difícil poder cerrar este acuerdo de transferencias, pero para la próxima esperemos que sea una realidad y entonces deberemos estar preparados para mejorar un servicio que actualmente recibe muchas quejas».
Garcias realizó estas declaraciones con motivo de la firma de un convenio entre la consellera de Benestar Social, Fernanda Caro; y el conseller de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Josep Delfí Guàrdia, para la informatización de la gestión de los datos sobre los menores infractores de las Islas. Al respecto, Caro contabilizó cerca de 150 menores con problemas penales en Balears, de los que unos 120 menores que cumplen medidas correctoras en régimen abierto y 30 en régimen cerrado o semicerrado.