El Govern quiere gastar este año 24 millones de euros (4.000 millones de pesetas) con la recaudación de la ecotasa. A la espera de conocer en septiembre con más precisión los ingresos que se obtendrán con el impuesto a lo largo de este año, el Govern ya tiene prácticamente cerrado el listado de los proyectos que se ejecutarán con la primera recaudación de la ecotasa.
El Ejecutivo presentará cinco proyectos por isla, la mayoría de los cuales tendrán un plazo de ejecución de tres años. En Mallorca, el Govern ha decidido que la conexión subterránea que unirá Palma y Alcúdia sea prioritaria. Este proyecto tendrá un coste de 7'21 millones de euros (1.200 millones de pesetas) y se ejecutará en seis meses. Esta conexión, tal y como adelantó este periódico la semana pasada, permitirá un mayor aprovechamiento de los recursos hídricos de la isla y evitará la instalación de una desaladora en Alcúdia para suministrar agua al norte de Mallorca. El proyecto prevé conectar el acuífero de sa Marineta, que ya está unido con el de s'Extremera, con el de Crestatx. La consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, explicó recientemente en el Parlament los detalles de este ambicioso proyecto, que pretende resolver los problemas de abastecimiento que padecen los muncipios del norte de Mallorca.
La compra de edificios en el centro histórico de Palma también tendrá carácter prioritario en el primer listado de proyectos a financiar con la ecotasa, aunque el Govern sigue negociando algunas de estas operaciones. El Ejecutivo tiene en cartera la compra de Can Weyler y Can Serra y la conversión de Can Fàbregues en un centro de interpretación turística.
Entre los primeros proyectos que se desarrollarán con el dinero de la ecotasa también se ha incluido la demolición de un hotel en Calvià. Este establecimiento turístico se encuentra en primera línea de mar y produce un fuerte impacto ambiental. Asimismo, la Conselleria de Turisme sigue negociando la compra de la antigua prisión militar de Ses Illetes. El precio que exigen los propietarios de esta antigua instalación militar es el principal obstáculo para que la operación no haya sido ya cerrada. El Govern no está dispuesto a asumir la exigencia de los propietarios, aunque sigue negociando.