El abogado de Miquel Segura en el «caso Formentera», Rafael Perera, defiende la actuación de los funcionarios de la Oficina del Censo Electoral de Balears y considera que el auto dictado por el TSJB «contiene un error» al referirse a la supuesta inscripción fuera de plazo de 24 argentinos que votaron en las elecciones autonómicas de 1999 en Formentera. Perera quiso salir al paso de la petición formulada por el PSOE en el sentido de que se investigue «cómo 24 de los argentinos que votaron consiguieron cambiar su domicilio electoral a Formentera fuera de plazo y por tanto, con infracción de la legislación electoral vigente».
Según el letrado, «aunque el auto dictado recientemente por el TSJB en el denominado 'caso Formentera' ciertamente da pie a la pregunta del PSOE, la cuestión planteada se basa indudablemente en un error: el error, en el que incide abiertamente el referido auto judicial, de sostener que se produjo 'un cambio de municipio' a efectos electorales de esos 24 ciudadanos y que, además, la Oficina del Censo Electoral de Balears admitió y aprobó tal 'cambio', lo cual se hizo -se dice- fuera del plazo legal».
Y añade: «No es admisible poner en entredicho la escrupulosa y correcta actuación de la Oficina del Censo Electoral de Balears (cuyo responsable, a la sazón, era el desaparecido Paulino Buchens), ni insinuar la posible comisión de delito electoral por parte -así se dice en el auto- de «los funcionarios públicos que dolosamente incumplieron las normas legalmente establecidas para la formación del Censo Electoral». Según el letrado, «no se autorizó ningún 'cambio de municipio', sino que se procedió a dar de alta, conforme a la ley, a esos 24 ciudadanos».