El impuesto turístico balear, la ecotasa, que empezará a cobrarse el primer día de mayo, ha suscitado el debate crispado durante los dos últimos años en la sociedad balear y ha degenerado en un enfrentamiento frontal y en la inexistencia de relaciones entre el Govern y el sector turístico y hotelero de las Islas, que representan a la que es la principal actividad económica de Balears.
Este tributo, que gravará como media con un euro diario a los turistas nacionales y extranjeros que se alogen en establecimientos turísticos de las Islas, es calificado por los empresarios de Balears como injusto y discriminatorio, puesto que deja de lado al turismo residencial y a parte de la oferta ilegal. Los empresarios dicen también que el impuesto está mal planteado, que debería de aplicarse en puertos y aeropuertos, al tiempo que se quejan de que el Govern les convierta en recaudadores de impuestos.
El temor último que manifiestan todas las subpatronales turísticas de las Islas, es que el impuesto turístico, en última instancia, generará un encarecimiento del producto balear, en una coyuntura turística desfavorable para las Islas "la Secretaría General de Turismo cuantifica una reducción de reservas del orden del 20 por ciento en los principales mercados emisores respecto a 2001", en un contexto de desaceleración de las economías europeas y de creciente competencia por parte de los destinos emergentes de la cuenca del Mediterráneo.
Por su parte, el Ejecutivo presidido por Francesc Antich, destaca que la ecotasa es la medida estrella de un nuevo modelo turístico que persigue sustituir el crecimiento cuantitativo, de masas, registrado en los últimos años en Balears, por una especialización en segmentos de mayor calidad, cambios que el Ejecutivo balear pretende impulsar mediante inversiones en la modernización de zonas turísticas y potenciando la mejora de oferta de alojamiento. Otro de los ejes principales de la política que propugna el Govern, pasa por convertir la ecotasa en un instrumento «cohesionador» de la sociedad balear, mediante la extracción de recursos de la principal actividad económica de las Islas, para destinarlos a otros sectores menos favorecidos.
El Govern también pretende utilizar la recaudación del impuesto para comprar y rehabilitar el patrimonio histórico de la Comunitat, financiar proyectos para la recuperación medioambiental de enclaves especialmente castigados e invertir en infraestructuras básicas necesarias por el mayor número habitantes que las Islas acogen, especialmente en verano.