La división fue la nota predominante en la manifestación protagonizada ayer en Palma por medio millar de estudiantes de Secundaria contra la Ley de Calidad de la Enseñanza, presentada por el Gobierno. La jornada de huelga, también convocada para ayer, fue secundada por un 46'6% de los estudiantes de Balears. Por islas, Mallorca contó con una participación del 53'7%, Menorca del 55%, Eivissa del 17% y en Formentera fue nula.
La manifestación había sido convocada por el Sindicat d'Estudiants en Balears. Pero a la hora de partir, la Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans y la Assemblea d'Estudiants de Mallorca decidieron desmarcarse y sorprendieron a los policías locales y nacionales con un cambio en el itinerario no previsto ni anunciado. En lugar de ir por el Passeig Mallorca, seguir por Jaume III y finalizar en es Born, marcharon por la Rambla, Oms, Cort y llegaron hasta la sede del PP. Preguntados por el motivo de este cambio, Andreu Perelló, portavoz de la CEPC, explicó que aquella era «una manifestación paralela a la convocada por el Sindicat d'Estudiants» a iniciativa de la propia Coordinadora y de la Assemblea d'Estudiants de Mallorca para la que no habían solicitado ningún permiso.
Perelló justificó que se trataba de un acto de rechazo a la «actitud del Sindicat d'Estudiants, que pretende monopolizar todas las actuaciones». El Sindicat d'Estudiants decidió unirse a la marcha mayoritaria, aunque su portavoz, Joan Segura, negó que se hubiese convocado nada sin contar con las demás plataformas. La policía no recibió en ningún momento orden de impedir el avance de la marcha.
Discrepancias de organización aparte, todos los manifestantes alzaron su voz en contra de la ley de calidad. El manifiesto leído ante la sede del PP acusó al Ejecutivo de José María Aznar de «reducir la enseñanza a un vulgar mercado, supeditado a los intereses empresariales que sólo buscan una educación al servicio del mercado laboral. Ante esta situación, exigió «una enseñanza gratuita y de calidad para todos, que no cree elites ni excluidos». Mientras, el conseller d'Educació, Damià Pons, consideró ayer que la futura ley de calidad es «discriminatoria, centralista, impositiva, incoherente, está alejada de la realidad y está llena de errores de toda clase».