Fernanda Caro, consellera de Benestar Social, presentó ayer el balance de las actuaciones realizadas por el Govern balear en virtud de la aplicación del Pla d'Atenció als Immigrants, que precisó en 2001 de una inversión de casi 3 millones de euros. La consellera afirmó que «el mayor problema que siguen teniendo los inmigrantes es su regularización. Esto demuestra que la reforma de la Ley de Extranjería no está dirigida a dar soluciones, sino que impulsa la marginación y situaciones de irregularidad. Es urgente la derogación de algunos aspectos de esta ley».
En el desarrollo del plan del Govern, destacó dos campañas de empadronamiento, la rebaja de exigencia mínima de residencia en dos años para poder acceder a un piso de protección oficial y el acceso de 50 personas a una vivienda «gracias a la mediación del Institut Balear d'Afers Socials entre la propiedad privada y el demandante». Asimismo, indicó que, respecto a la renta mínima, «se pasó de 122 personas que en 2000 recibieron las prestaciones básicas a 480 en 2001». En cuanto a la formación, con un presupuesto de casi 600 millones de pesetas, se han realizado 47 actuaciones específicas para la integración de los colectivos con riesgo de exclusión del mercado de trabajo.
Como objetivo que se materializará este año, Toni Sancho, director general de Planificación, planteó la creación del Observatorio Social, «con el objetivo de tener el pulso de todos los sectores de servicios sociales a nivel de vivienda, casas de acogida, listas de espera, etc. En el caso de los inmigrantes, se registrarán su número, cuántos disponen de permiso de trabajo, edades, entre otros aspectos». Por último, y según el informe presentado por Fernanda Caro, el 13 por ciento de las demandas presentadas en las oficinas de atención a víctimas de delito fueron presentadas por extranjeros, y fueron principalmente peticiones de asistencia por violencia doméstica y consultas generales. Caro afirmó que «existe un cierto rechazo hacia el inmigrante, pero estamos trabajando mucho para facilitar la convivencia y reducir las reacciones xenófobas».