De nuevo las disputas políticas "en el seno de distintos partidos que forman parte del mismo equipo de gobierno" han puesto barreras a un proyecto beneficioso para la ciudadanía. Si desde hace años se plantea en esta isla la necesidad de poner coto a la progresiva urbanización del campo, de pronto cualquier intento de hacerlo ha quedado reducido a la nada a causa de la falta de consenso en el seno del gobierno del Consell Insular mallorquín.
El problema de base es la distinta concepción de la ordenación territorial que tienen formaciones políticas tan dispares como pueden ser Unió Mallorquina "nacionalistas conservadores", PSM "nacionalistas de izquierdas" y Esquerra Unida-Els Verds "comunistas y ecologistas". De ahí que el planteamiento de UM "permitir la construcción de 450 viviendas cada año en terreno rústico, demasiadas si tenemos en cuenta que en tiempos del PP se autorizaron 250" chocaba de frente con los anhelos más proteccionistas de los otros partidos, que pretendían añadirle a esta norma un carácter retroactivo.
Al final lo que el ciudadano de a pie percibe de todo este guirigay es una enorme confusión. Da la sensación de que los políticos elegidos para gobernar esta isla no logran ponerse de acuerdo ni ceder en sus pretensiones iniciales para alcanzar el necesario punto en común. A consecuencia de ello el suelo rústico vuelve al mismo punto en el que se encontraba desde hace años: cualquiera puede levantar una casa siempre que cuente con 14.000 metros cuadrados de tierra y cumpla las normas subsidiarias de cada ayuntamiento. Una situación que puede degenerar en una invasión de grúas a diestro y siniestro, al levantarse la suspensión para las licencias cuya concesión estaba aparcada a la espera de una nueva legislación.