«Los juicios rápidos constituirán una respuesta inmediata a la sociedad en el problema de la delincuencia común, una cuestión grave especialmente en las zonas turísticas», dijo el juez decano de Palma, Pere Barceló, que estudia la infraestructura existente en la capital balear para poner en marcha esa modalidad de juicios. Barceló es uno de los ocho jueces «liberados» (exentos de jurisdicción) de toda España (los otros son los jueces decanos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Málaga) que elaboran para el Ministerio de Justicia un estudio sobre la aplicación de juicios rápidos.
«Víctimas y testigos de delincuente comunes, sobre todo si son extranjeros, obtendrán una respuesta adecuada cuando sean objeto de delito en las zonas turísticas, aunque, por supuesto, la medida beneficiará a todos los ciudadanos», señaló. «El turista podrá marcharse con la idea de que la Justicia española ha actuado con prontitud, rapidez y eficacia, por una medida que dará respuesta inmediata a la sociedad en el problema de la delincuencia común, que nos preocupa a todos». Hasta ahora, los juicios rápidos no se habían podido celebrar porque un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no lo permitía hasta transcurridos diez días después de la denuncia.
Jueces, fiscales y abogados consideran que la implantación de los juicios rápidos permitirán agilizar los trámites en los procesos penales de pequeños delitos, especialmente si el delincuente ha sido sorprendido «in fraganti». En Mallorca, los hoteleros de la Platja de Palma han sido los primeros empresarios en personarse como acusación particular contra los delincuentes multirreincidentes, con el objetivo de «velar por los intereses de los turistas que nos visitan», dijo el presidente de la patronal, Jordi Cabrer.