Que en una ciudad como Palma y en una isla como Mallorca perviva un poblado como Son Banya es algo incompatible, que chirría y que indigna a cualquiera. Por eso se han tomado decisiones tendentes a desmantelar esa aglomeración de chabolas en las que malviven unas 125 familias. Los problemas que se derivan de esas decisiones son muchas, pero ahora se añaden otros nuevos. Que Son Banya debe desaparecer es algo que todos comprenden, pero recolocar en otros barrios a cientos de personas de etnia gitana no será, ni mucho menos, fácil, máxime si tenemos en cuenta que una buena parte de los vecinos son conocidos delincuentes.
Aquí entran en conflicto muchos elementos, y el racismo sólo es uno de ellos, porque hoy en día casi nadie rechaza a otro por su raza, sino más bien por su condición social, cultural y económica. Por eso nadie querrá a inquilinos que se dediquen a la venta de drogas en su barrio y en su finca. De ahí que se vea con buenos ojos "a falta de una alternativa mejor" la idea de Cort de realojar de momento sólo a las familias gitanas que jamás han tenido contacto con el oscuro mundo del narcotráfico y cuyo único pecado es la ignorancia, la pobreza y la marginación. Para ellos hay también programas de inserción laboral y eso es, desde luego, una gran noticia.
Pero ahora el probablemente próximo presidente de los vecinos se ha sublevado contra esos planes y asegura que del poblado saldrán todos o ninguno. Es dudoso que él pueda hacer tal cosa, pero por de pronto ha creado polémica, rechazando las viviendas y exigiendo simplemente dinero. Pero, ¿con qué garantías de que realmente el dinero que se les vaya a entregar se destine a la adquisición de viviendas? Su actitud es tan peregrina que cabe pensar que nadie hará caso de sus reclamos. Es más, convendría que aclare su postura y no desvíe la atención sobre el verdadero problema que les afecta.