La empresa concesionaria del túnel de Sóller nos ha vuelto a sorprender con un nuevo incremento de precios, el segundo de los últimos cuatro meses, que ha comenzado a aplicar desde el pasado lunes. Este aumento responde al IPC, en tanto que el del mes de enero correspondía a la revisión del IVA. Quienes más van a notar estas nuevas tarifas, tal y como está contemplado, son los no residentes en la Vall.
No se trata de protestar por el aumento de unos céntimos de euro. Lo que es inadmisible es el propio hecho del peaje. Quien haya viajado por las carreteras de la Península habrá atravesado decenas de túneles, muchos de ellos de mayores proporciones, sin tener que pagar peaje alguno.
Pero es que, por si algo faltara, la polémica obra tuvo un coste, mayor del previsto inicialmente, que obligó al Govern del PP a tomar una serie de decisiones equivocadas. Si encima añadimos el espinoso asunto del denominado «caso túnel» "pago de comisiones", que acabó en los tribunales y que se llevó por delante la carrera política del entonces presidente del Govern, resulta especialmente doloroso seguir pagando las consecuencias de aquellos despropósitos.
Es preciso recordar que el PSIB-PSOE abogaba por el rescate de la concesión y, consecuentemente, la gratuidad del túnel para todos. Han pasado casi tres años desde que el partido socialista, coaligado con los otros partidos del Pacte, accedió al Govern. Tiempo más que suficiente para haber hecho efectiva su promesa o haber presentado sus disculpas al electorado por incumplimiento manifiesto de uno de los puntos más llamativos de su programa electoral.
Mientras tanto, hay que seguir pagando uno de los peajes más caros del Estado español, y responsabilizar de ello al partido que impulsó y ejecutó el proyecto "el PP" y al partido que prometió, y no ha cumplido, eliminar el peaje.