El alcalde de Palma, Joan Fageda, se pronunció ayer sobre el problema que ha surgido por la presencia de unas pandillas de jóvenes delincuentes, que actúan desde las últimas semanas en los alrededores de algunos centros escolares de la ciudad. «El problema no se soluciona con medidas policiales», destacó ayer el alcalde, que considera que es necesario que estos delincuentes juveniles cuenten con unos tutores que les ayuden a salir de esta situación. Fageda reconoció que «es un asunto importante y difícil» y denunció que no existen medidas diseñadas para actuar con garantías con este tipo de menor.
«Si no se actúa con medidas de tutelaje no se resolverá el problema», señaló el alcalde, que apostó también por una mayor coordinación entre la Fiscalía de Menores y la policía. «El fiscal debe decir hasta dónde puede actuar la policía». Las declaraciones del alcalde se realizan tras la queja expresada por algunos directores y padres de alumnos de centros escolares, que denunciaban la falta de seguridad y la ausencia de coordinación con los policías de barrio. Sobre ello, José Manuel Sierra, teniente de alcalde del área de Governació, explicó que los mandos de la Policía Local de Palma y del Cuerpo Nacional de Policía trabajan desde hace días sobre el tema, con el propósito de diseñar una estrategia de actuación.
Sin embargo, Sierra consideró que es necesario que se distinga entre las actuaciones de unos grupos de menores delincuentes a los incidentes que se producen a diario entre alumnos del colegio que se pelean entre ellos. Así, el teniente de alcalde afirmó que en Palma sólo actúan «de 10 a 15 chavales problemáticos, todos ellos con amplios antecedentes policiales». Con respecto a las soluciones al problema, el regidor municipal recordó que la actual ley del menor es muy garantista. Aún así, consideró que es necesario que se tomen otras medidas intervencionistas, con la aprobación de la Fiscalía de Menores, incluida la posibilidad de tomar la decisión de internar a estos chicos en un centro.
Sin embargo, Sierra apuesta más por seguir una política de ayuda a estos jóvenes delincuentes, para que cuenten con el apoyo de tutores y educadores sociales, con el propósito de educarles, y evitar que reincidan en sus delitos. A pesar de este deseo, Sierra reconoció que en estos momentos las administraciones que cuentan con las competencias en materia de tutela no disponen de los medios suficientes para conseguir este tutelaje.