El juez instructor del «caso Formentera», Antoni Monserrat, ha archivado el grueso de la causa en un demoledor auto en el que se critica muy duramente la utilización mediática que se hace de la Justicia por intereses políticos. Este hecho ya fue denunciado hace pocos días por los jueces de Balears. Además, Monserrat cree, al margen de otras consideraciones de orden ético, que no existen pruebas incriminatorias suficientes para considerar que ha existido la comisión de un delito por parte de las personas presuntamente implicadas en una presumible captación ilegal de votos de ciudadanos argentinos en las elecciones autonómicas de 1999. Por contra, considera que puede haberse dado algún acto delictivo en la captación de los documentos aportados como prueba por las partes acusadoras. Ciertamente, no se trata aún de la decisión definitiva de la Justicia sobre este asunto que ha llegado a salpicar al ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, pero resulta en extremo clarificador el auto de Monserrat y pone de nuevo en evidencia que los políticos, con demasiada frecuencia, convierten las salas de los juzgados en un peculiar escenario de sus enfrentamientos. Bien es verdad que cuando existen indicios de que se ha actuado contra la ley, hay que recurrir a los jueces; pero, en ningún caso, deben ser utilizados para desgastar, fustigar, hostigar o poner contra las cuerdas a los adversarios políticos. El «caso Formentera» no ha sido una excepción. Llegados a este punto del trámite judicial, en el que caben aún recursos, sería conveniente que el proceso siguiera su curso dentro de los cauces establecidos, sin intromisiones ni injerencias. Sólo de esta forma, dejando trabajar a los jueces, se puede llegar al fondo de las cuestiones y conseguir que se haga Justicia. Los debates deben tener lugar en el Parlament, no en los pasillos de los juzgados.
Editorial
La necesaria división entre política y Justicia