NEKANE DOMBLÀS/PATRICIO CANDIA
El secretario de Organización del PSIB, Damià Cànoves, acusó ayer
al juez del caso de haber actuado al dictado político del PP. «Es
una resolución dictada políticamente por el PP», dijo el número dos
del PSOE en dos ocasiones. Cànoves ofreció ayer una rueda de prensa
junto al dirigente de Esquerra Unida, Miquel Rosselló, para
anunciar que, como acusación particular presentaron un recurso en
contra de la resolución judicial. El fiscal jefe de Balears,
Antonio de Vicente Tutor, también anunció que presentará un recurso
ya que considera que el caso todavía no debe ser archivado. De
Vicente se había dirigido al juez en reiteradas ocasiones para
pedirle que enviara el caso al Tribunal Supremo con el fin de poder
tomar declaración en calidad de imputados tanto al ministro de
Medio Ambiente, Jaume Matas, como la diputada del PP y portavoz
adjunta de este partido en el Congreso, Rosa Estaràs. El fiscal
general del Estado, Jesús Cardenal, incluso envió un escrito a De
Vicente donde le daba vía libre a esta solicitud a pesar de que él
se pronunciaba en contra.
Como miembros de la acusación particular, Cànoves y Rosselló anunciaron que presentarán dos recursos. Uno de ellos irá dirigido al juez y, el segundo, será un recurso de apelación dirigido a la sala del Tribunal Superior de Justicia para que reconsidere su postura. Los dirigentes de ambos partidos reconocieron que presentan este segundo recurso ya que dan por hecho que el juez del caso no aceptará el primero de ellos. Por lo que respecta a la decisión del juez de archivar el caso, Damià Cànoves reconoció que había sido una sorpresa. Afirmó que no tenía grandes esperanzas en la imputación de Matas, pero sí dijo que creía que el caso seguiría adelante. En su opinión, el archivo se ha decidido para no imputar a otras personas del segundo nivel político, entre los que citó a Josep Juan Cardona, ante el temor de que pudieran destapar la verdad al verse acusados.
En cualquier casa, a la vista de la resolución judicial, tanto el dirigente del PSIB como el de EU consideraron que había razones más que fundadas para presentar desde el primer momento la recusación del juez. Miquel Rosselló incluso aseguró que, al leer el auto del juez, «parece que se lee un alegato del abogado defensor». El secretario de Organización del PSIB añadió que la conclusión del caso da argumentos para aprobar una reforma legislativa que impida a los jueces elegidos en instancias políticas juzgar casos que afectan a políticos.
El dirigente socialista se mostró especialmente duro en sus valoraciones sobre el auto del juez. Consideró que las argumentaciones son «inaceptables e inconcebibles por parte de un juez» y añadió que parte de las argumentaciones recogidas en el texto son «de vergüenza». Como Miquel Rosselló, Damià Cànoves también afirmó que, en determinados momentos, el auto parece un alegato de la defensa. Los dos dirigentes analizaron el contenido de la decisión judicial y lamentaron que el titular de la instrucción del caso no haya valorado ni siquiera las pruebas aportadas en la reunión en la que participó Matas. También denunció que el juez descalifica como prueba la obtención de la agenda del ex president, cuando fue el instructor del caso Bitel quien la puso en manos de las partes.
También destacó la coincidencia que supone que la «fabulación» que atribuye a los informes de Miquel y Maria de la Pau Segura se fueran cumpliendo después en todos sus extremos. Por último, censuró que el juez no haya querido realizar un análisis global de la cuestión y se haya limitado a cerrar tema por tema cada una de las cuestiones denunciadas, a excepción de la famosa entrevista a Maria de la Pau Segura para poder ser contratada después. Para Miquel Rosselló, las referencias al juicio paralelo que denuncia el juez son especialmente graves ya que, llevada a sus últimas instancias, esta reflexión impediría a los medios de comunicación informar de ninguno de los asuntos que estén siendo tratados judicialmente. El dirigente de EU también criticó que el juez no haya tenido en cuenta ninguno de los argumentos del fiscal jefe, que fueron avalados después por la propia Junta de Fiscales.