El conseller d'Innovaciói i Energia, Príam Villalonga, aseguró ayer que el 80 por ciento de las mil antenas de telefonía móvil que hay instaladas en Balears, carece de alguna de las licencias pertinentes. Villalonga, que señaló que la nueva normativa permitirá a las empresas regularizar esta situación de ilegalidad, indicó que en el último año su departamento ha llevado a cabo 117 inspecciones para comprobar que los equipos transmisores de la señal de telefonía móvil no rebasaban las radiaciones permitidas y ha denunciado a los ayuntamientos siete incumplimientos.
El conseller aclaró que las emisiones de radiación por encima de los límites permitidos, todas ellas registradas en Mallorca, han sido subsanadas, y no afectaban a centros escolares. Sobre las normas territoriales cautelares, que aprobó el Consell de Govern el pasado viernes, el conseller recordó que estarán vigentes hasta la entrada en vigor del Plan Director Sectorial de Telecomunicaciones, que espera entre en vigor a finales de este año.
Villalonga recordó que el Govern ya aprobó unas normas cautelares en noviembre del año 2000 y ofrece desde hace un año un servicio de inspección de radiaciones a disposición de particulares e instituciones, pero apuntó que se han vuelto a redactar las normas cautelares para adaptarlas al decreto regulador de las instalaciones de telecomunicaciones dictado por el Ejecutivo central el pasado mes de septiembre. Indicó que la nueva regulación transitoria balear busca «el equilibrio entre lo que es imprescindible proteger (la salud y el paisaje) y el interés de los ciudadanos en poder disfrutar de la telefonía móvil y otras tecnologías».
Las normas cautelares, según Villalonga, limitan la «proliferación de antenas en el medio rural» y mantienen el principio de que la instalación de más antenas en los espacios urbanos permite que éstas tengan una potencia de emisión más reducida. El director general de Tecnología y Comunicaciones, Carles Bona, señaló que las normas anteriores establecían las limitaciones de alejamiento de las antenas en función de su potencia de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud, mientras que las actuales se ciñen a la nueva reglamentación estatal.