La población balear, con un 16'3 por ciento de personas mayores de 65 años, es una de las menos envejecidas de España (18'7 por ciento) según se desprende del informe «Consumo y Economía Familiar», elaborado por Caixa de Catalunya. Pese a ello, Balears es una de las autonomías con una proporción de personas mayores de 85 años superior a la media española (de 8'9 por ciento), con el 19'4 por ciento. En general, el envejecimiento de la población española ha aumentado en los últimos años desde 4'4 millones de personas mayores de 65 años en 1978 (12'2 por ciento) hasta 7'3 millones en 2001 (18'7 por ciento), lo que supone un incremento del 66'9 por ciento frente al aumento del 9 por ciento del total de la población.
Junto al crecimiento del envejecimiento de la población, se ha producido un aumento de hogares sustentados por los ingresos de una persona mayor de 65 años. Actualmente una tercera parte de las familias españolas se mantienen por los ingresos de una persona mayor. En el caso de Balears, de las 267.000 unidades familiares estimadas por Caixa de Catalunya, 77.275 están sustentadas por personas mayores de 65 años. Por otro lado, el informe destaca el bajo nivel educativo de este colectivo con más del 47'8 por ciento de mayores de 65 años no han cursado ningún estudio formal mientras que con estudios primarios aparece un 40'9 por ciento del colectivo.
Balears, junto Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia registran un mayor porcentaje de personas sin ningún tipo de estudios, y especialmente Murcia y Castilla-La Mancha con porcentajes superiores al 70 por ciento. Sobre las repercusiones económicas del envejecimiento de la población, Caixa de Catalunya destaca las modificaciones en el consumo de las familias, ya que los jubilados son el colectivo que menos consumo por cápita presenta.
Esto producirá, según el informe, una retracción en el gasto de las familias en educación, vivienda, electrodomésticos o vehículos, propios de personas más jóvenes y un aumento del gasto en sanidad o ocio. Además, a largo plazo la oferta de mano de obra será insuficiente para atender la demanda, se producirá un descenso en los ingresos por el impuesto sobre la renta, impuestos sobre el consumo, así como una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social.