«Jaume Matas (ministro de Medio Ambiente) y Rosa Estaràs (diputada nacional del PP) no deben padecer el efecto estigmatizador de la imputación si una base sólida que justifique un procedimiento penal. No es posible hacer causas generales, ni iniciar una investigación 'a ver qué pasa'», señala el abogado que coordina las defensas en el «caso Formentera», Rafael Perera, en el escrito que ayer entregó al juez instructor, Antoni Monserrat. Perera recordó en ese escrito la negativa del Supremo a que el ex presidente del Gobierno, Felipe González, declarase como imputado en el «caso Marey», y dijo que es «perfectamente aplicable» a Jaume Matas.
El letrado, que presentó un escrito de 17 folios ante el juez instructor de la causa que investiga una supuesta trama organizada por el PP para ganar las elecciones autonómicas de 1999 en Formentera, dice que el auto del Supremo que denegó la petición para que González compareciese en calidad de imputado «contiene una luminosa doctrina». Señala, en ese contexto, que la Sala Segunda denegó en el auto de 14 de noviembre de 1996 esa petición por estimar que las incriminaciones contra él (Felipe González) existentes, pese a su gravedad, «carecían de corroboración objetiva».
«Una imputación judicial contra Felipe González tiene una trascendencia y repercusión social muy superior a la de otras personas privadas, y reconociendo el riesgo de los móviles políticos subyacentes en estos proceso, el auto (del Supremo) destaca el objetivo deseado de ´evitar, en la medida de los posible, que el proceso penal se utilice como instrumento político», afirma Perera en su escrito.
Perera, asimismo, afirma que el fiscal jefe de Baleares, Antonio de Vicente Tutor, «se ha dejado dominar por un celo excesivo» al solicitar la inhibición a favor del Supremo. «El fiscal ha adoptado una postura que estimo resulta inadecuada a la realidad de los hechos, y además, técnicamente improcedente», dice el letrado, quien descalifica las pruebas presentadas contra Matas y Estaràs.