El Partido Popular de Balears lamentó ayer «el desprecio» hacia la Justicia de los representantes del Pacte de Progrés tras la decisión del juez Enrique Morey de archivar el «caso Bitel». El portavoz de los populares, Joan Flaquer, cuestionó que se hayan utilizado términos como «escandaloso o incomprensible» para calificar la decisión judicial. «Esta postura forma parte de la campaña de desprestigio y difamación orquestada por el Govern de Antich en contra de Jaume Matas, pero al final la verdad se acabará imponiendo», dijo Flaquer. El portavoz del PP cree que esta campaña de despretigio se debe «al nerviosismo del Pacte».
«El vicepresidente del Govern está bajo sospecha por falso testimonio, la consellera «verde» tiene problemas urbanísticos en Alaró, la consellera de Sanitat arrastra el conflicto de su farmacia y el vicepresidente del Parlament Félix Fernández está imputado por una causa judicial que se instruye en Menorca», recordó el portavoz del PP. Por su parte, el coordinador de Comunicación del PP, Rafael Hernando, indicó ayer que le resulta «lamentable» que el presidente del Govern balear, Francesc Antich, siga insistiendo «en el disparate» del «caso Bitel» en vez de «pedir perdón» al ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas.
Hernando consideró «lamentable que en un momento en el que los jueces han archivado el caso Bitel, evidenciando sus mentiras y el montaje del Govern del señor Antich contra el ministro Matas», él siga insistiendo en ese «disparate» en vez de «pedir perdón» al ministro y al PP. La Fiscalía de Balears está a la espera de recibir un escrito de la Fiscalía General del Estado para adoptar una decisión respecto al llamado «caso Bitel». Fuentes de la Fiscalía de Balears recordaron ayer que hace algunos días la Junta de Fiscales de Balears acordó por unanimidad solicitar a Cardenal autorización para pedir el traslado del caso al Tribunal Supremo, a fin de que pudiera declarar como imputado el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas.
Las mismas fuentes indicaron que, si el escrito de Cardenal deja libertad de actuación a la Fiscalía de Balears, tal y como ha ocurrido con el «caso Formentera», recurrirán el auto de archivo de las diligencias.