Los partidos del Pacte de Progrés temen que la reforma electoral para implantar la paridad de sexos en las listas autonómicas también acabe en el Tribunal Constitucional. «Estamos convencidos de que el Gobierno central también recurrirá la reforma electoral y que la paridad de sexos en las listas autonómicas acabará en el Constitucional», reconoció ayer a este periódico un alto cargo del Pacte de Progrés pocos días después de que comenzase en una ponencia del Parlament el estudio para que se implante la igualdad de sexos en las candidaturas.
La contundente respuesta del PP contra la propuesta del Pacte de Progrés no ha hecho más que aumentar las sospechas de que, una vez que la reforma sea aprobada por el Parlament, la ley será recurrida por el Gobierno central, tal y como ha ocurrido ya con escaso éxito con la Llei de Consells, la ecotasa y, más recientemente, con la Llei de Comerç.
Si la reforma electoral se aprueba en septiembre u octubre, tal y como quiere el president Antich, el Constitucional tendría hasta el mes de marzo para pronunciarse sobre una posible inconstitucionalidad. En febrero o marzo el Tribunal Constitucional debería decidir si mantiene la suspensión o, por el contrario, si la levanta, lo que permitiría aplicar la paridad en las próximas elecciones autonómicas.
El único antecedente jurídico que existe sobre esta polémica, que ya va más allá del ámbito local, la ha aportado el Tribunal Constitucional de Francia, que dio plena validez a la paridad de sexos aprobada por la Asamblea Nacional. Este es el principal argumento que han utilizado los letrados del Govern para dar luz verde al Pacte en su intención de implantar la paridad en Balears. Sobre este asunto, el president del Govern, Francesc Antich, afirmó ayer en un programa de Tele 5 que aunque la ley de paridad en las listas electorales «no esté aprobada para las próximas elecciones al Parlament, el PSOE las va a aplicar». «Lo normal es que quienes cada día predicamos demos ejemplo, desde el partido y las instituciones», añadió.