Las defensas de los imputados en el «caso Brokerval», la posible quiebra fraudulenta de la ex agencia de valores en junio de 1994, han presentado tres recursos de nulidad de la causa que deben ser resueltos antes de que dé inicio el juicio en la Audiencia de Palma. El fiscal del caso, Joan Carrau, calificó esos recursos de «maniobras dilatorias» por parte de los letrados, que siguen enmarañando el proceso con recursos y peticiones de nuevas diligencias con el objetivo de retrasar una causa que colea desde hace casi ocho años.
Sin embargo, la visión de uno de los acusados, Francisco Berga, es muy distinta. «Son los jueces, en las distintas instancias, los que han retrasado el fin de este caso. Hace cuatro meses que mi abogado presentó un escrito al juez Florit Mulet y todavía no nos ha respondido», explicó. Berga, asimismo, espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre una petición de nulidad al auto de apertura de juicio oral dictado por el juez Florit. «Hablando de dilaciones y retrasos», dijo Berga, «el juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras tardó 52 días en responder una petición que le hice de obtener la libertad provisional bajo fianza, cuando la ley marca sólo 5 días; y todo para decirme que no».
El fiscal Joan Carrau ha presentado un detallado escrito en el que plantea una acusación por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento oficial contra siete directivos de la agencia, que en un futuro tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados para defenderse de estos cargos. El representante del Ministerio Público solicita una condena de quince años de prisión (once por apropiación y cuatro por falsedad) contra Francisco Berga. Idéntica pena de cárcel solicita el fiscal contra los otros dos máximos directivos de la agencia, Francisco Tous y Guillem Coll.
Contra los otros acusados, Jaime Lerín, Fernando Mulet, Miguel Seguí y un empleado de la agencia, el fiscal también reclama que se determine su responsabilidad penal en el escándalo económico. Por otra parte, el médico forense tiene que elaborar un informe sobre la enfermedad alegada por Antoni Cuart, condenado por el «caso Túnel de Sóller», para eludir la prisión.