Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Palma ha declarado ilegal la cláusula que obliga al comprador de una vivienda nueva a pagar los gastos de cancelación del préstamo que ha solicitado la promotora -hipoteca que se impone al consumidor por contrato, con unas condiciones que no se adaptan a sus necesidades-, anunció ayer el delegado en Balears de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Ausbanc, Carlos Hernández.
«Calculamos que en los últimos 5 años se han contratado más de 100.000 hipotecas urbanas en las Islas, de las que más de un tercio estaban sometidas a dicha cláusula abusiva. A raíz de esta sentencia -añadió Hernández- del orden de 20.000 familias de Balears pueden reclamar ante los tribunales lo que les pertenece por derecho».
Ausbanc denuncia que esta práctica es generalizada entre las inmobiliarias y promotores de Balears y anima a los afectados a tomar medidas legales. «Todas aquellas personas que hayan tenido que abonar los gastos de cancelación de un préstamo en la adquisición de viviendas de nueva construcción, pueden reclamar dichas cantidades más intereses a los promotores, siempre que no hayan transcurrido más de 15 años desde los pagos», dice Ausbanc.
Hernández añadió que el proceso judicial es relativamente corto en estos casos y puso como ejemplo los 9 meses que ha tardado el tribunal de Primera Instancia número 11 de Palma en dictar su sentencia. Dicha sentencia condena a una promotora de las Islas a devolver con intereses los 1.803 euros (300.000 pesetas) que el comprador de una vivienda había tenido que pagar para cancelar el préstamo hipotecario suscrito por la inmobiliaria, préstamo que al comprador no le convenía ni por su plazo de amortización ni por el tipo de interés. Hernández no quiso especificar qué promotora fue la condenada «la práctica es general y no queremos individualizar». Ausbanc resalta que «no se puede imponer a alguien que asuma un préstamo hipotecario si no le conviene».